Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
Transporte público de pasajeros pasa por severa crisis; los usuarios son los paganos; no hay autoridad que ponga orden
De acuerdo con el secretario de Movilidad y Transporte, Manuel Santiago Quijano, unas nueve mil concesiones de transporte colectivo de pasajeros pudieran ser retiradas en los próximos días, al ya no ser renovadas, debido a diversas irregularidades.
Este año expirarán unas 28 mil concesiones de colectivos, las cuales deberán ser renovadas. Los concesionarios deberán presentar unidades que no tengan una antigüedad mayor a 10 años y en cuanto al título de concesión este deberá estar a su nombre.
Manuel Santiago Quijano da cuenta que la anterior Dirección General del Transporte –en tiempos de los gobiernos panistas—arrumbó cinco mil títulos de concesión al condicionar su entrega y otros cuatro mil fueron reasignados de manera irregular. Es claro que estos hechos fueron parte de la corrupción que existía al interior de la dependencia.
La cuestión es que el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu lleva más de dos años en funciones y apenas se dan a conocer a la opinión pública estas irregularidades. Los ciudadanos quisiéramos saber qué ex funcionarios de la extinta Dirección General del Transporte se encuentran bajo proceso judicial o están tras las rejas.
Al parecer a Manuel Santiago Quijano le queda grande el puesto, dado que ha habido enfrentamientos entre operadores y concesionarios de las rutas 8 y 18 por la disputa del territorio de Jiutepec y de las rutas 33 y 16 por la disputa del tramo carretero Agua Hedionda—Cartonera que va a dar al parque industrial de Yecapixtla. Al parecer hasta que la sangre llegue al río entonces habrá una intervención adecuada de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Debido a que ambos asuntos ya se le salieron del huacal a Manuel tuvo que entrarle al quite el secretario de gobierno del estado, Matías Quiroz Medina.
Si por estos conflictos entre rutas no hay una buena respuesta de las autoridades, ahora sólo hay que imaginar lo que pasará cuando empiecen a cancelar concesiones a todos los que no cumplan con lo establecido.
Por cierto, en la zona oriente, en las rutas utilizan combis, que son modelos que se dejaron de producir hace más de dos décadas, ¿cómo la ven?, y esto no ha sido observado por la Secretaría de Movilidad y Transporte en estos más de dos años, ni tampoco lo hicieron los antecesores de Manuel Santiago.
Está en puerta el inicio de operaciones del MOREBUS y esto ha alertado a los concesionarios del transporte colectivo de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, que saben que un porcentaje importante de ellos, no tienen en regla su documentación, ni han renovado sus unidades. Estos son los que más gritan.
Los usuarios del transporte público se quejan de la forma como los operadores realizan sus recorridos a exceso de velocidad, sin precaución, invaden el carril de alta cuando deberían ir en el de baja, se pasan los altos, hacen paradas en donde se les antoja, no respetan el descuento a las personas de la tercera edad, carecen de consideración para las personas discapacitadas o mujeres embarazadas, además de que cuando les conviene van a paso de tortuga sin importarles la prisa de los pasajeros. De plano manejan a la ofensiva, cuando en realidad deberían ser capacitados para manejar a la defensiva, lo cual incluye cumplir con lo establecido en el Reglamento de Tránsito de cada localidad. A toda queja contestan: “si no están a gusto con el servicio, pueden bajarse”.
Es común observar como los agentes de vialidad de los municipios paran a las rutas y no elaboran la infracción correspondiente, sino que reciben su billetito y los dejan seguir como si nada hubiera pasado. Esta es una razón poderosa para que los ruteros hagan de las suyas, en detrimento de los transportistas de carga y de los propietarios de vehículos particulares.
El tema del transporte público de pasajeros no formó parte de los discursos de la mayoría de los candidatos a presidentes municipales, diputados locales o legisladores federales.
Hay que recordar que el PSD mantuvo su registro como partido político, por la promesa de campaña de su candidato a gobernador, Julio Yáñez Moreno, quien se pronunciara a favor del transporte público de pasajeros gratuito para todos. Su planteamiento no estaba fuera de la realidad, pues su idea era que con el pago de la publicidad en todas las rutas se pagaría el salario del operador, la parte que le corresponde al concesionario, la gasolina y refacciones de la unidad. El hermano de Julio, Roberto Carlos Yáñez Moreno, es el diputado presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso local, pero durante su estadía en estos casi tres años en la LII Legislatura no retomó el tema, ni por equivocación.
Hasta el momento, el gobernador del estado, los diputados locales, legisladores federales y presidentes municipales, con los líderes de las organizaciones de transportistas se han reunido al menos para proponer soluciones al problema del transporte público de pasajeros, ya ni se diga han puesto en marcha soluciones parciales a la problemática de cada lugar.
En los países más avanzados, los usuarios del transporte colectivo saben a ciencia cierta en qué horarios pueden tomar el camión, saben que llegarán seguros a su destino, bueno los camiones tienen rampas, elevadores para sillas de ruedas y adaptaciones para los discapacitados.
En Morelos, resultaría una locura que una persona en silla de ruedas trate de abordar una ruta del transporte colectivo. En este punto debe de intervenir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ¿no le parece?
Ahora, que el INDEFOM inicia la capacitación para los 33 presidentes municipales electos sería positivo que se tratara el tema del transporte público de pasajeros, para ver qué van a hacer en realidad para solucionar la problemática, pues ellos son parte fundamental de la solución.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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