Servidores públicos responsables de poner en riesgo la vida de las personas

Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez      ojosciudadanosmorelos@gmail.com

Servidores públicos responsables de poner en riesgo la vida de las personas, deben ser castigados penalmente sin derecho a fianza

Ahí va un escenario posible: En la calle No Reelección de Cuernavaca, una mujer y su hijo de cinco años se bajan de la banqueta porque se encuentra ocupada por vendedores callejeros, entonces pasa una ruta del transporte colectivo y atropella a ambos, por el impacto los mata. La pregunta es: ¿quién es responsable del accidente?

La respuesta obvia es que el responsable es el conductor del vehículo, pero en realidad no es sólo responsabilidad del rutero, sino del comerciante callejero y de los servidores públicos del ayuntamiento capitalino que les permiten ocupar a comerciante la banqueta que debe ser utilizada solo por peatones.

Entonces, bajo este argumento tanto el comerciante callejero como el servidor público municipal, ponen en riesgo la vida de miles de personas todos los días y por ende deberían ser castigados sin derecho a fianza, pues atentar contra la vida de una persona es considerado delito grave.

También comerciantes establecidos ocupan con mercancías, mesas, sillas, botes, letreros, anuncios luminosos, frutas y verduras no sólo las banquetas, sino hasta el arroyo vehicular. Si no usted dese una vuelta por la avenida López Mateos, en donde los bodegueros ocupan con sus diablitos, cajas de madera, frutas y verduras hasta un carril de esa avenida.

Es por esta razón, que este columnista propone a los actuales diputados locales, que están por concluir su gestión, así como a los precandidatos al Congreso del estado que tomen en cuenta esta propuesta para elaborar una iniciativa de reforma a distintos ordenamientos jurídicos.

Comerciantes callejeros y establecidos, funcionarios municipales y los alcaldes alcanzarían una pena corporal sin derecho a fianza al ser responsables de poner en riesgo la vida de niños, mujeres, hombres y ancianos por igual.

En caso de que se legisle al respecto, se terminara de tajo con el comercio banquetero.

El mismo argumento se puede aplicar a empresas de telefonía, que colocan su mobiliario en lugares que obstruyen el paso del peatón, quien se ve obligado a bajarse de la banqueta.

La argumentación va más allá: Usted se ha tropezado alguna vez con un tornillo que sirvió de soporte para alguna cabina de teléfono o del mobiliario de alguna parada del transporte colectivo de pasajeros, o usted al manejar su vehículo ha caído en una tapa o alcantarilla que está por debajo del nivel de la calle, lo que provoca daños en su unidad. Pues también en estos casos no sólo debe ser castigado penalmente el responsable de la administración municipal, sino los servidores públicos que se encargaron de quitar la cabina telefónica o el mobiliario urbano del ayuntamiento, pero “olvidaron” quitar los tornillos u omitieron dejar al nivel la tapa o alcantarilla.

El aplicar el ejercicio de la justicia en contra de los servidores públicos negligentes que ponen en riesgo la vida de las personas acabaría con muchos de los vicios dentro de las administraciones de los tres niveles de gobierno y con el “valemadrismo” de burócratas, ¿no cree usted?

Con el primer servidor público que caiga en la cárcel, por atentar contra la vida de miles de personas en la ciudad y se ponga el ejemplo, entonces los demás entrarán en conciencia de la responsabilidad que deben asumir al tomar decisiones o al ejecutar las órdenes de sus superiores.

Esto también traería un impacto positivo para los despachos de abogados, tendrían mucha chamba en la defensa de los servidores públicos implicados y por ende se incrementarían las fuentes de empleo (jajajajajajajaja).

Esta legislación también daría origen a que los presidentes municipales en turno coloquen en el primer nivel del gobierno a gente preparada y honrada, que cumpla con el perfil profesional, para que los nombramientos no sólo obedezcan a un interés personal.

En cuanto al Sector Salud público y privado, se podría legislar para que el directivo sea responsable cuando un paciente muera, no sólo se castigue al médico, en caso de que no sólo se trate de una cuestión relacionada con la ciencia médica, sino de la falta de equipo e instrumental médico necesarios.

La reflexión va a razón, de que un chef profesional es el director general de administración de los Servicios de Salud de Morelos (SSM).

El líder de más de cuatro mil trabajadores sindicalizados de los SSM, Gil Magadán Salazar, denuncia: “En las unidades médicas existe mucho desabasto de medicamentos; no hay suficientes médicos, el pasado primero de enero, ante la escasez de recursos económicos fueron despedidos varios médicos especialistas, lo que ha derivado que en el hospital ‘José G. Parres´ ha suspendido una gran cantidad de cirugías; no se cuenta con equipo; para los programas subrogados se acabó el presupuesto. Lógicamente el ciudadano considera que el responsable de la situación es el médico, la enfermera o el servidor público de apoyo administrativo, lo cual no es así”.

Actualmente, los médicos de los SSM carecen de los elementos suficientes para realizar un diagnóstico acertado, además la carga de trabajo que tienen es muy pesada, los salarios son bajos y a esto hay que sumarle la represión de parte de las autoridades ante los señalamientos que hacen a los medios de comunicación sobre las irregularidades administrativas, que ponen en riesgo la vida de miles de personas.

La secretaria de Salud en el estado, Vesta Richardson López Collada, no se ha dignado a dialogar con la dirigencia sindical durante dos años y tres meses de su gestión.

Si se legislara al respecto para que se aplicara una responsabilidad penal sin derecho a fianza en contra de los directivos responsables de la situación que existe entonces las cosas se mejorarían sustancialmente, ¿no cree usted?

Los habitantes y las personas que realizan sus actividades económicas en la Zona Conurbada de Cuernavaca se encuentran en un alto riesgo en las calles, cuando caminan debajo de las banquetas, obligados por los comerciantes callejeros que las tienen en posesión; cuando asisten a consulta médica en los SSM y salen sin tener la certeza de que su padecimiento o enfermedad será atendida debidamente hasta su restablecimiento total; o, simplemente al conducir sus vehículos, al lidiar con el pesado tráfico, con la gente que se baja de las banquetas, la falta de señalamientos y los bloqueos de calles por manifestaciones. Estas situaciones detonan el estrés y por ende la zona urbana se ha convertido en una zona violenta; violencia que es diferente a la que padecemos por efecto de la delincuencia.

 

Hasta aquí llegó la tinta por hoy.

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