Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
Miles de personas afectadas por manifestaciones de pepenadores
En Cuernavaca se vivió un día muy agitado, con manifestaciones por parte de integrantes de la Confederación Nacional de la Industria del Metal y el Reciclaje, encabezados por Francisco Urióstegui –proveniente del Estado de México—quien vino a presionar a los legisladores locales para que no aprobaran el punto de acuerdo mediante el cual autorizaban a los ayuntamientos a suscribir con el gobierno del estado un convenio por el que le cederían el servicio del procesamiento y destino final de los desechos sólidos y este a su vez, firmaría un contrato de asociación pública privada con la empresa Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. para que se hiciera cargo de los desechos sólidos.
Cuando se enteró Francisco Urióstegui que los diputados locales sesionarían en el Centro de Convenciones de Xochitepec, envió a su gente a bloquear la autopista del sol en sus dos carriles –atravesaron camiones repartidores de agua– y las salidas principales de la ciudad, por lo que se afectó a miles de personas en sus actividades normales, además estuvieron a las puertas de la sede del Congreso local desde temprana hora.
También se manifestaron a las puertas de la sede del Poder Legislativo, los pepenadores y recicladores de la zona oriente adheridos a la CTM, encabezados por Esther Vidal Huerta. Integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos apoyaron a los pepenadores de la zona oriente.
Elementos del Mando Único resguardaron las instalaciones sede del Congreso del estado y del Centro de Convenciones de Xochitepec, para dar facilidades a los legisladores de que desarrollaran los puntos de la agenda del periodo extraordinario de sesiones.
Al filo de las 17:00 horas, Francisco Urióstegui dio la orden de que se retiraran todos sus agremiados que rodeaban el Centro de Convenciones de Xochitepec.
Congreso nombra funcionarios del Sistema Estatal Anticorrupción
Los legisladores locales iniciaron la sesión al filo de las 15:00 horas.
Nombraron a Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía para la Investigación de Hechos de Corrupción.
Como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa –que sustituyó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo—fueron nombrados Roque González Cerezo y Manuel García Quintanar.
Como encargados de los órganos internos de fiscalización tomaron protesta Francisco Miguel Yáñez Sánchez, que estará en el IMIPE; Blanca Estela Aldana Alejandre, en el IMPEPAC; Roxana Aguilera Mejía, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado; y, Alejandro Sánchez Yáñez, en el Colegio de Morelos.
Los cinco consejeros de Participación Ciudadana fueron nombrados en cinco rondas diferentes, los cuales son: Héctor Enrique Erazo Domínguez, con 23 votos; Luis Arturo Guerrero Miranda, 24 votos; Omar Ramón Figueroa, 24 votos; Selene Montesinos Oliver, 28 votos; y, Hugo Manuel Bello Ocampo, 26 votos.
Rechazan diputados locales dar concesiones de basura y alumbrado público a particulares
Este columnista quedó gratamente sorprendido con las decisiones que tomaron los diputados locales.
Con ocho votos a favor y 17 en contra, echaron abajo el punto de acuerdo mediante el cual se privatizaría el servicio de tratamiento y destino final de los desechos sólidos que serían cedidos a la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L:
En tanto, con 26 votos en contra y ninguno a favor, no aprobaron la autorización a los ayuntamientos a concesionar el servicio de alumbrado público por 20 años a la empresa NL Technologies, S.A.
En ambos puntos, el líder del grupo parlamentario del PAN, Javier Bolaños Aguilar, propuso dejar la decisión final a los Cabildos electos, que entran en funciones a partir del primero de enero. En cuanto al primer punto, la decisión estuvo dividida con 11 votos a favor, 12 en contra y una abstención, en tanto que en relación al segundo punto, fueron 3 votos a favor y 20 en contra.
Los legisladores coincidieron que iba a ser un robo en despoblado si autorizaban estos dos puntos y que no podían ir en contra de la decisión del pueblo de oponerse a estas concesiones.
Rosalina Mazari Espín comenta que no estaban claros los puntos del contrato porque no se establecía que la tarifa sería de 58 pesos por tonelada de desechos sólidos y que el precio se ajustaría cada año al incremento a los precios al consumidor, además de que prácticamente le darían la autorización al gobernador del estado a firmar un contrato con la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. o alguna de sus filiales, sin que previamente hubiera una licitación pública. En caso de que fuera una filial, ésta todavía no existe, por lo que se ponía en riesgo el patrimonio de los municipios.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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