Por Javier Jaramillo Frikas
Las que siguen…
El manotazo es fuerte, letal y de advertencia. Qué importa el nombre y camino recorrido del actual presidente municipal y su tesorero. Son el remoje de las barbas de muchos que consideran que el último día de este año se terminaron sus problemas. Lo que ha hecho la justicia federal esta vez, puede ser el primer paso para que uno de sus brazos, La Procuraduría General de la República, actúe con funcionarios anteriores a los que son señalados y que, seguramente, son sus jefes políticos.
El edil es Carlos Martínez, ex tesorero con Alberto Figueroa, esposo de Catalina Ríos Núñez, frustrada candidata a suceder al primero. Hay una actual tesorera
Ese es el problema. Ejercitando la memoria, este asunto sería inédito en las últimas décadas: prácticamente son enviados a proceso por ladrones del erario público, algo usual en la práctica pero poco común en el ámbito de la aplicación de la justicia. Se ha hecho históricamente cuando se castiga a políticos o funcionarios indeseables, pero en su proporción guardada, es algo similar a lo del ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de Pemex en el sexenio de José López Portillo y con toda la malicia, maña y ventajas, hecho senador de la República para que el fuero eliminara la posibilidad de ser enjuiciado.
La incoaron juicio político en la vieja casona de Xicoténcatl, lo desaforaron y fue enviado a prisión varios años. Pagaba Díaz Serrano no solo sus excesos, también los de su amigo el ex presidente López Portillo. A propósito, el periodista Manuel Buendía Tellezgirón lo pronosticó la noche del 15 de abril de 1983, flanqueado por el gobernador Lauro Ortega y un servidor, durante su conferencia magistral La Crisis en México. Apostó don Manuel que Díaz Serrano sería desaforado y posteriormente enjuiciado por peculado o robo a la Nación.
El memorable evento de Buendía recién lo vimos en un video que nos hizo llegar el querido tocayo Javier Hernández Ruiz. Fue en el Salón de Rectores de la UAEM.
Es otro tema que cualquier día lo comentamos, hoy hacemos el símil del delito. En el municipio de Emiliano Zapata ayer había una gran movilización policiaca y social. El ex presidente Alberto Figueroa seguramente pensó que heredar el cargo y mantenerlo sería permanente. Ayer mismo su ex tesorero y actual alcalde Carlos Martínez junto con su tesorera, se esfumaron. Dicen que la tensión en el poblado se rompía con un hilo y que lo peor está por llegar. De nuevo nos meterán a los morelenses, sin deberla, en las páginas rojas del escándalo, por lo que se supone está detrás de estos personajes que, personas que no representen peligro. Lo contrario, nada más.
Reportes periodísticos de unos años a la fecha insinuaban un parecido de lo que sucedía en Emiliano Zapata a lo que posteriormente sucedería en Iguala con la pareja de José Luís Abarca, el presidente municipal y su esposa de apellidos Pineda Villa, hermana de dos personajes probadamente ligados al crimen organizado parte del Cártel Beltrán Leyva. Insinuaciones, decimos en este momento, otros advertían un escándalo. Incluso se mencionó de comparecencias de la familia que gobernaba Zapata ante autoridades federales. Era como un caso anunciado tanto que hoy que se da parece no tener relevancia.
Platican los reporteros que lo que ha dictado un juzgado federal es la aprehensión de los funcionarios, ni siquiera un anuncio oficial al cabildo para que los desligue de su tarea actual. De hecho, el municipio de Emiliano Zapata se encuentra sin funciones de gobierno, no hay quien ordene desde el ayuntamiento. ¿Grave? Claro que sí, es un caso atípico que no tenemos, repetimos, registro alguno.
Lo que venga si bien no será nuevo, seguro tampoco grato, el escándalo mediático que cubrirá el proceso judicial, estén o no los responsables que han dejado de ser presuntos según las formas de la ley federal. Regresarán un tanto en el tiempo, entrarán en la administración de Alberto Figueroa, checarán al DIF de ese trienio, las funciones de aquel tesorero que en este momento es presidente municipal prófugo, y en cualquier momento aparecerá la nota de la cereza: la probable relación de todos estos con el crimen organizado, más allá del asunto que hoy los tiene en picota.
Y este es que dejaron de pagar impuestos a la federación, los requirieron, no hicieron caso, lo volvieron a hacer y lo ignoraban. Lo dejaron irresponsablemente hasta que la liga se rompió. No hubo aviso previo. Este tipo de temas no suceden sin informar a la autoridad estatal. No consultan qué hacer. Informan lo que sucede. Son las normas de la política institucional. De esta manera, cualquier manifiesto de los prófugos y de sus protectores, serán responsabilidad pura de ellos, Ni tema de partidos ni asunto de Estado en su favor. Es la aplicación de la ley a infractores desde un cargo de elección popular.
¿Las Barbas a Remojar?
El desaseo en Emiliano Zapata indica que cualquiera de los 32 municipios restantes podía vivir algo parecido. No precisamente con la justicia federal, si en temas sensibles como importantes del tipo de los laudos laborales que no pueden pagar porque no tienen con qué, o demandas de proveedores que han dejado en el cesto del olvido. El tema de Emiliano Zapata cuenta con un penetrante tufo a delincuencia. No se entiende el desafío del presidente actual manejado por su antecesor al Poder Judicial Federal. Evidentemente el no buscar la negociación del pago por parcialidades ante Hacienda, el hecho que ninguna autoridad estatal se acercara para mostrarles el camino de la razón, es un indicativo que hace tiempo la otrora familia dueña del poder político en Zapata, perdió el manto y la guía política, que nadie quiere estar cerca de lo que arde.
Y sí, esto apenas inicia.
Existen antecedentes de la relación institucional federal y estatal. Un caso es del Hotel Ilebal en tiempos de Sergio Estrada Cajigal Ramírez como gobernador. Tras un largo litigio entre trabajadores sindicalizados y los propietarios de la empresa, la justicia federal determino que pasara a manos de la base gremial. Se solicitó el apoyo de autoridades estatales y no hicieron caso. Dicen que una llamada del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda a Estrada Cajigal le advirtió que el siguiente paso del Poder Judicial Federal era, en caso de no respaldarlos tras su decisión, destituirlo y ordenar su aprehensión por desacato. Cambiaron las condiciones y el Hotel Ilebal cambió de dueños.
Reporteros que cubrieron el evento ayer en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, aseguran que se respiraba raro, que los fotografiaban sujetos desde todas partes, una especie de halcones. Se trataba de inhibir la tarea informativa. No descartemos que aparezcan militares o federales y se concentren donde, dicen, es un Bunker con ex y actuales autoridades.
