TERTULIA POLÍTICA, Por Pedro Martínez Serrano
Investigan a Capella
El semanario Zeta de Baja California, el más influyente y prestigiado, al menos en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, por la seriedad de sus entregas y la credibilidad y prestigio que se ha ganado a pulso, dirigido por mi amiga la periodista Adela Navarro (incluida entre las 50 mujeres más influyentes en el país), circuló ayer un amplio reportaje, firmado por Inés García Ramos, en el que se confirma lo que he repetido en la Tertulia Política, desde que Jesús Alberto Capella Ibarra llegó a Morelos, es un sujeto ladrón, corrupto y proclive a robarse el dinero público.
Creo que en donde empezó su carrera, cargando el portafolios y haciendo los mandados al empresario Ascan Lutteroth del Riego, allá en Tijuana, es en donde empezará el principio del fin del corrupto e improvisado chota de quinto patio, Alberto Capella quien, desde hace meses, busca cómo evadir la acción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la malversación y desvío de millones de pesos. El asunto, sin duda, lo podría poner en el penal de El Hongo, allá en Tecate Baja California, para que esté cerca de su familia.
Sin más, reproduzco completo el trabajo difundido en el semanario Zeta, que podría ser el preámbulo para probar que el mentado C5 que tanto presumen en Morelos Graco Ramírez y Alberto Capella, no sirvió más que para que, quienes participaron en su construcción se robaran millones de pesos:
Carlos Bustamante, ex alcalde de Tijuana / Jesús Alberto Capella Ibarra, su jefe de policía
No aprobarán cuenta pública de Tijuana;
Bustamante y Capella, los responsables
La malversación de fondos SUBSEMUN, a cargo de Alberto Capella como secretario de Seguridad Pública, ocasionó que la cuenta pública 2013 de Tijuana no sea aprobada. Anomalías por millones de pesos, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el último año de la administración de Carlos Bustamante, serán discutidas en el pleno del Congreso
Inés García Ramos / Zeta
Tanto el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) como la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, determinaron que no procede otorgar la aprobación de la cuenta pública 2013 del Ayuntamiento de Tijuana.
En gran parte debido al manejo de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN), a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana.
Así dan constancia documentos del Congreso de Baja California en poder de ZETA, los cuales serán analizados por el pleno en los siguientes días para determinar el uso de recursos públicos destinados al Ayuntamiento de Tijuana entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.
Fuentes del Poder Legislativo explican que resulta difícil que los 25 diputados que conforman la XXI Legislatura contradigan el informe del ORFIS, así como la resolución de la Comisión de Fiscalización y opten por aprobar la cuenta pública.
La Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California, establece responsabilidades fiscales, administrativas, políticas, así como de carácter civil y penal hacia funcionarios o empleados de gobierno responsables del mal manejo de recursos.
Carlos Bustamante concluyó su trienio como alcalde de Tijuana el 1 de diciembre de 2013. Ésta es la última cuenta pública de su administración que será revisada por el Congreso.
La cuenta correspondiente a 2012 fue aprobada tanto en comisión como en pleno, lo mismo ocurrió con la perteneciente al ejercicio fiscal 2012.
122 MILLONES DE PESOS PARA
SEGURIDAD PÚBLICA, MALVERSADOS
En 2013, el Gobierno Federal asignó 4 mil 559 millones de pesos al programa SUBSEMUN, los cuales fueron distribuidos en 254 municipios de México.
Los objetivos de estos recursos incluyen desde el equipamiento y capacitación de las policías municipales hasta el mejoramiento de infraestructura y programas para la prevención social del delito.
Ya que se trata de recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el ente facultado de auditar el manejo de estos fondos.
En febrero de 2015, el organismo dio a conocer los resultados del ejercicio fiscal 2013 y, a partir de tales informes, este Semanario publicó el reportaje Malversan 122 millones de pesos, a partir de los hallazgos documentos en los informes de la ASF sobre la ejecución de recursos de SUBSEMUN por parte de los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.
Estos cuatro municipios, gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibieron 190 millones en conjunto, de los cuales 122 fueron materia de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
De mayo a noviembre de 2014, equipos de entre tres y cinco personas realizaron las auditorías correspondientes a los ayuntamientos de Baja California.
Entre los resultados, por ejemplo, la ASF encontró anticipos de más de 19 millones de pesos a una compañía de tecnología que cumplió con la entrega de equipo para el Ayuntamiento de Ensenada y pagos excedentes en patrullas, una de las cuales desarrolla funciones distintas a la Policía en Tecate.
PRECIOS INFLADOS, DINERO DESAPARECIDO
La primera observación a la cuenta pública 2013 de Tijuana, recibida por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, es referente a la revisión del ejercicio de recursos federales de SUBSEMUN.
De los 95 millones de pesos que recibió Tijuana en fondos de SUBSEMUN, 81 millones 834 mil 800 pesos fueron auditados, equivalentes al 86.1 por ciento.
Como resultado, la ASF emitió 18 recomendaciones en rubros que van desde transferencia y destino de recursos, transparencia hasta el equipamiento y profesionalización.
De éstas, 13 están en seguimiento y cinco con procedimiento concluido ante la autoridad federal.
Por lo tanto, el ORFIS y el Congreso del Estado, recogieron algunas de estas recomendaciones para analizar el mal manejo de recursos.
En primera instancia, se detalla que con estos fondos, la SSPM adquirió bienes y servicios por un monto de 72 millones 985 mil 488 pesos, de los cuales 34 millones 790 mil pesos se adjudicaron de manera directa y no mediante licitación pública, en violación a lo establecido en Ley.
Del monto total, para el ejercicio de 32 millones 117 mil 389 pesos, no se invitó a cuando menos tres proveedores, indica el documento. Otro incumplimiento a la normatividad federal.
Entre las anomalías, destaca la referente a una adjudicación directa para la adquisición e instalación de un gimnasio urbano en la colonia 10 de Mayo, considerada parte del Polígono Norte para la prevención del delito.
De entrada, el gimnasio debía ser sujeto a una licitación pública y cuando el organismo federal solicitó una justificación a la información a la actual administración municipal, la anterior no dejó sustento alguno de su decisión.
Luego, los auditores hallaron que el Ayuntamiento pagó precios superiores a los publicados por un proveedor nacional y uno de Estados Unidos.
Dos días antes de que Alberto Capella dejara su cargo como secretario de Seguridad Pública Municipal, el 28 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la SSPM, celebró un contrato con la empresa Play & Park México. Empresa con base en Tennessee, Estados Unidos, con oficinas en México y otros países latinoamericanos. Se dedica, principalmente, a la venta de juegos infantiles como columpios, resbaladillas y pasamanos.
Por el suministro de siete aparatos de ejercicio y una estructura de juego para niños, así como ocho bancas metálicas, las cuales se instalarían en diferentes partes en la colonia 10 de Mayo, el Ayuntamiento pagó 2 millones 863 mil pesos.
El contrato también especifica que el proveedor se encargaría de la limpieza, nivelación del terreno, fabricación de un muro de malla ciclónica de 2.4 metros de altura, suministro y pintura de tráfico, armado e instalación de equipos, losas de concreto, entre otros.
Sin embargo, los precios del equipo reportado por la SSPM no corresponden a los publicados por la empresa estadounidense en su página de internet, explica el informe del ORFIS.
La diferencia entre el precio real y el reportado por el Ayuntamiento por los ocho aparatos de ejercicio es de 2 millones 158 mil 55 pesos. Los auditores llegaron a esta conclusión tras comparar los precios reportados por la SSPM y los que el propio proveedor publica en su página de internet.
Es decir, mientras el Ayuntamiento de Tijuana dijo gastar 2 millones 664 mil pesos en los juegos infantiles, su costo real es de 35 mil 62 dólares, equivalente a 505 mil 945 pesos, incluyendo Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Lo mismo ocurrió con las ocho bancas metálicas. El Ayuntamiento dijo adquirirlas en 199 mil 800 pesos, pero empresas mexicanas refieren precios de 97 mil 440 pesos, una diferencia individual de 102 mil 360 pesos, pero de 2 millones 260 mil 415 pesos.
No obstante, la ASF considera que en los precios no se incluye el costo de la instalación de los aparatos que el proveedor ofrece en el contrato, ni los gastos de importación que en todo caso tuviera que pagar el Ayuntamiento.
Incluso la Comisión de Fiscalización del Congreso, analizó que el predio donde se deberían instalar los aparatos del gimnasio urbano, es propiedad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y no del Ayuntamiento, por lo que no pueden disponer del terreno.
Por lo tanto, el Ayuntamiento seleccionó un nuevo terreno para su instalación, del cual no se proporcionó autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la selección del nuevo inmueble, resuelve el documento.
Tampoco mostraron evidencia de las medidas tomadas por el Ayuntamiento sobre el responsable en la elección del primer predio que derivó en el retraso de la ejecución del programa.
Al respecto, el actual secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, comentó que la dependencia recibió la recomendación respecto al gimnasio, pero turnaron la información a Sindicatura del Ayuntamiento.
Esta dependencia va a presentar la presente para que los funcionarios responsables por esto, puedan responder, advirtió.
ORFIS A LA ESPERA
Al consultar a Manuel Montenegro, titular del ORFIS, sobre el estado de las observaciones al Ayuntamiento de Tijuana, explicó que mientras el informe no sea analizado en el pleno del Congreso, es considerado información reservada y, por lo tanto, no puede emitir comentarios al respecto.
Sin embargo, expuso que cuando se notifica al órgano auditado –en este caso, el Ayuntamiento de Tijuana-, se le solicita soporte documental.
Si la evidencia completa no es enviada, entonces se procede a una confronta, esto quiere decir que los funcionarios son llamados frente a frente para que solventen los puntos, abundó el funcionario.
Si el Congreso niega la cuenta pública al Ayuntamiento, entonces ésta se envían a Sindicatura Municipal para que el seguimiento debido e informe al Congreso qué sanciones aplicó a los funcionarios que no aplicaron recursos como lo mandan los manuales y procedimientos.
Si fue una amonestación público, privada o inhabilitación, según sea el caso, y lo grave de la observación, finalizó Montenegro.
AYUNTAMIENTO REGALÓ A EMPRESAS 14
MILLONES DE PESOS DE COBRANZA DE PREDIAL
No solo en SUBSEMUN, el Ayuntamiento de Tijuana cometió anomalías en la aplicación de recursos, también en los montos destinados al cobro de Impuesto Predial.
En el documento turnado a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, se detalla que del contrato celebrado por el Ayuntamiento con las empresas Collect de México y Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I, no se obtuvo ningún beneficio, debido a que fue mayor el pago efectuado por sus servicios
A estas dos empresas se les pagó un monto de 35 millones 887 mil 46 pesos, pero el incremento en la recaudación del Impuesto Predial 2013 en relación a 2012, fue de apenas 21 millones 251 mil 608 pesos, lo cual implica que se pagaron 14 millones 635 mil 438 pesos más de lo que ingresó por el pago del gravamen en ese año.
Mientras Collect de México recibió 16 millones 792 mil 363 pesos, Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I facturó 19 millones 94 mil 683 pesos.
Como parte de las observaciones arrojadas en la auditoría, se establece que las actividades de estas empresas consistieron solamente en la entrega de volantes, cartas invitación para regularizarse y escritos donde hacían saber al contribuyente de su adeudo.
No obstante, el informe detalla que estas actividades de requerimientos las realizó también el área de Recaudación del Ayuntamiento.
Otra observación a estas empresas, son las referentes a la adjudicación directas de estos contratos en incumplimiento al Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de Tijuana.
Destaca el caso de Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I., la cual se constituyó como empresa apenas 21 días antes de la celebración del contrato.
Esto no solo implica que la compañía no contaba con la experiencia requerida para manejar cuentas de millones de pesos, sino que además, se seleccionó sin evidencia de que cumplía con el requisito de confidencialidad.
