JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ>>
Hablemos de historia, ética y compromiso en la
defensa de los derechos humanos>>
Por José Martínez Cruz>>
Recuerdo que, al día siguiente de la masacre del 10 de junio de 1971, las paredes de los edificios del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Atzcapotzalco, se llenaron de nombres de estudiantes desaparecidos, encarcelados y hospitalizados. Inmediatamente se organizaron brigadas para recorrer hospitales, Cruz Roja, cárceles y edificios públicos, para localizarlos y apoyar en lo que fuera necesario. La represión ordenada por el gobierno de Echeverría y ejecutada por el grupo paramilitar de “Los Halcones” contra la primera manifestación estudiantil posterior al 2 de octubre de 1968 fue brutal. Ahí nos nació la conciencia de la solidaridad y la lucha por la defensa de los derechos humanos a la libre expresión de las ideas, de organización y de manifestación. No conocíamos a la inmensa mayoría de estudiantes que habían sufrido la represión, ya que habíamos iniciado clases en marzo, hace ya 50 años, en el CCH, pero comprendimos que no podíamos ser indiferentes ante el dolor de la gente ni quedarnos callados ante los abusos del poder, por lo que asumimos que nuestra conducta ética estaría definida por la lealtad a los desconocidos, como diría el poeta Fernando Pessoa, y combatir los abusos de poder del Estado.
A lo largo de éstas 5 décadas, hemos tratado de asumir de manera congruente, el compromiso de luchar en defensa de los derechos humanos de todas las personas. Por ello, agradezco el apoyo y solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Guerrero), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas), Artículo 19 y Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, quienes públicamente han expresado su preocupación por la persecución y criminalización en mi contra por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo público que a la fecha impulsa dos procesos, uno administrativo y otro penal.
En este documento se recuerda que fui convocado a formar parte como Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH en diciembre del 2019, una vez que asumió la presidencia la actual titular, y que me conocen como defensor de Derechos Humanos desde hace más de 40 años, al lado de las familias de personas desaparecidas, encarceladas y torturadas. Mencionan precisamente la creación del Frente Nacional contra la Represión en 1977, como delegado del Frente pro Derechos Humanos de Morelos creado en el mismo año y posteriormente como miembro fundador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos en 1989, y que hoy es un referente de la defensa de los Derechos Humanos en el Estado. Una vez concluida mi labor al frente de la Dirección General de la primera Visitaduría de la CNDH, señalan que expresé públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, entre otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. Por ello señalan: “En respuesta, la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos. A las organizaciones firmantes, nos preocupan las acusaciones en su contra, pues llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos que una institución cuya misión es la defensa de los mismos está llamada a respetar más que ninguna otra. Resulta indignante que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de esta envergadura a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen violaciones graves a derechos humanos. Sin duda, estamos ante un actuar violatorio en sí mismo de derechos humanos, que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH, caracterizada por un ejercicio autocontenido de su autonomía y la abundancia de conflictos internos, que han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio. Confiamos que las instituciones de Justicia, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República, sabrán garantizar los derechos de José Martínez Cruz e impedir que las personas que actualmente tienen bajo su responsabilidad la CNDH empleen a las instituciones para materializar represalias en contra de sus excolaboradores. Por lo anteriormente mencionado, en oficios firmados por nuestras organizaciones, hemos solicitado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía General de la República, que resuelvan conforme a derecho, garantizando la presunción de inocencia y los derechos procesales los cuales deben ser garantizados en todo momento a José Martínez Cruz para, así, determinar expresamente que el hoy acusado actuó en ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión e información.”
Sin duda alguna, recibo con satisfacción estas cartas y todos los saludos solidarios de personas y organizaciones, con quienes hemos compartido la necesidad de luchar por transformar la realidad desde donde quiera que estemos. Porque amamos, luchamos.
