El estado de Morelos vive crisis política, social y de inseguridad

El estado de Morelos vive crisis política, social y de inseguridad; en manos del Congreso local está la solución

¿Hacia dónde va el estado de Morelos? Esta es una pregunta que deben responder los titulares de los tres Poderes del estado, porque la idea de los ciudadanos de a pie es que vamos por el camino incorrecto.

La crisis de la inseguridad se agravó en el territorio morelense con el asesinato el pasado dos de enero, de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo, en el interior de su domicilio. La información corrió como reguero de pólvora en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, poniendo a nuestra entidad de nueva cuenta en la nota roja nacional.

La medida decretada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Garrido Abreu, de tomar la seguridad en 15 municipios, fue acertada sobre todo en momentos en que la paz y la tranquilidad de los ciudadanos estaba amenazada por la delincuencia organizada.

La cuestión es que no hubo concertación ni diálogo con los alcaldes que habían tomado posesión unas horas antes y claro que esto molestó a más de uno, lo que agravó la crisis política.

Después, se vivió la confrontación entre Graco Ramírez y el alcalde capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues el segundo pretendía en no ratificar el convenio de coordinación para la seguridad pública con el gobierno estatal por las quejas de miles de ciudadanos en Cuernavaca en contra de elementos del Mando Único.

En esa confrontación, Graco Ramírez dio a conocer en el noticiario de Televisa, que dirige Carlos Loret de Mola, que el asesinato de Gisela Mota había sido perpetrado por el cártel de Los Rojos y de pasada, dijo claramente que los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno se encontraban relacionados con el cártel de Guerreros Unidos, por medio del hermano del finado cantautor Joan Sebastian, por lo que ellos que estaban cerca de Cuauhtémoc Blanco pretendían que no entrara el Mando Único en Cuernavaca.

Entonces se abrió otro frente y los Yáñez Moreno aclararon que apenas conocían a Federico Figueroa y que no tenían relación alguna.

Hubo opiniones de diferentes actores políticos.

La crisis política se agravó.

La cuestión es que Graco Ramírez deberá probar las declaraciones que hiciera en televisión nacional ante la Procuraduría General de la República.

Finalmente, se llevó a cabo la reunión entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, en donde el alcalde capitalino aceptó que la medida del titular del Poder Ejecutivo se encuentra enmarcada dentro de la ley y la aceptaba.

Bueno, todo mundo sabe que la seguridad en Cuernavaca se encuentra en manos del comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, así que habrá que cuestionar a este funcionario las razones por las cuales se permitió la entrada de gente armada a la sesión del Cabildo de la capital del estado del pasado ocho de enero. La sesión fue cancelada por falta de garantías de seguridad. Afortunadamente, Cuauhtémoc Blanco todavía no había llegado al lugar.

A unos días, de haber tomado posesión los alcaldes, se perdió la vida de Gisela Mota y se puso en riesgo la vida de Cuauhtémoc Blanco, además existen amenazas en contra de otros alcaldes y entonces la pregunta es: ¿hacia dónde va el estado de Morelos?

Las consecuencias las sufriremos los que aquí nos quedamos, por la ausencia de inversiones, el aumento del desempleo, el incremento de los índices delictivos y el alejamiento de los turistas nacionales, que son nuestro principal mercado.

Se había tenido un avance significativo de parte de la estrategia del Mando Único al disminuirse los delitos de alto impacto, es más la gente lo empezaba a notar en la vida cotidiana, pues regresó la vida nocturna en Cuernavaca, diversas empresas anunciaron nuevas inversiones en sus plantas ya establecidas y se veían con regularidad a turistas extranjeros y nacionales, es más se había levantado la alerta de 69 países a sus ciudadanos para que evitaran visitar el estado de Morelos. Ahora, toda esta ganancia se fue al caño por estos incidentes que derivaron en una crisis política, social y de inseguridad.

La crisis política se ha agudizado con las manifestaciones que fueron organizadas por la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional y la del senador Fidel Demédecis Hidalgo, que se realizaron el jueves en Temixco y el viernes en las calles del primer cuadro de Cuernavaca, respectivamente.

Es el momento para que sesione de manera urgente la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, que encabeza el diputado Julio Espín Navarrete — que está conformada por 15 legisladores–, para que analice las dos solicitudes de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo estatal y sumen todos los hechos de los últimos 10 días y tomen una determinación.

Pese a la gravedad de los señalamientos en contra del gobernador del estado, los legisladores locales se fueron de vacaciones a partir del 15 de diciembre, al dar por concluido el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIII Legislatura, como si estos dos expedientes no fueran algo importante y trascendente para la sociedad. Ahora, ya no hay pretexto, se acabaron las vacaciones escolares, a las cuales los legisladores no tenían derecho a tomarlas, pues apenas tomaron posesión el primero de septiembre. En dónde le dan a uno vacaciones después de 3 meses y medio de trabajo.

Es importante el dictamen que tiene que rendir la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local –también formada por 15 diputados– en relación a la auditoria especial del crédito de 2 mil 806 millones de pesos que ejerció el titular del Poder Ejecutivo estatal. Hay que recordar, que fue pospuesta la comparecencia conjunta ante esta Comisión de la secretaria de Hacienda del gobierno del estado, Adriana Flores Garza, y del auditor general de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, José Vicente Loredo Méndez, pues no cuadran las cifras que dieron ambos precisamente sobre el crédito en comparecencias por separado.

Hay que recordar que precisamente, la solicitud de juicio político contra Graco Ramírez –presentada por los integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos– se basa en presuntas irregularidades del crédito de 2 mil 806 millones de pesos, de ahí la importancia del dictamen que rinda sobre el particular la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.

El Poder Legislativo tiene en sus manos el destino del estado de Morelos, de la decisión que tomen sus integrantes dependerán muchas cosas. Los que aquí habitamos nos merecemos vivir en paz y tranquilidad.

Hasta aquí llegó la tinta por hoy.

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