GERARDO FERNANDEZ CASANOVA
EL ENREDO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO II>>
Gerardo Fernández Casanova>>
Vistos el éxito original del financiamiento en cuanto que dio lugar a la extinción de la hegemonía priísta y su posterior deterioro por el anquilosamiento del sistema de partidos, procede apuntar que la solución al conflicto no puede ser su absoluta desaparición, sino una fórmula intermedia que mantenga su utilidad original y corrija los defectos en que se ha incurrido. No procede que la actividad política sea financiada por particulares, lo que llevaría a una enorme desproporción en la disponibilidad de recursos, además de que abriría las puertas de par en par a la narcopolítica, amén de la corrupción derivada. Debe seguir siendo el estado quien asuma el costo de la actividad política para garantizar su equidad y transparencia.
En esto último radica el quid del asunto; que tales características se cumplan cabalmente. Lo primero que abría que corregir es el descontrol del gasto en la materia, tanto del funcionamiento ordinario como en el de las campañas electorales. En lo relativo a su financiamiento operativo habrá que eliminar el gasto en el oneroso aparato burocrático y limitarse al apoyo a las actividades sustantivas de investigación y formulación de las plataformas ideológicas, su divulgación y la formación de cuadros capaces de instrumentarlas.
Lo más delicado es el control de gastos de campañas electorales. Se dio un primer paso, desafortunado por cierto, en lo tocante a reducir los tiempos de precampañas y de las campañas mismas, así como en la regulación de la promoción de imágenes personales; es una esponja con mil recovecos para su violación. Igual que la fijación de topes máximos de gasto que, además de ser excesivos, son fácilmente rebasados y con mucho, sin que la fiscalización pueda o quiera castigarlo. Las multas monetarias como penalización de las infracciones, por altas que sean, siempre serán insuficientes ante el valor de los intereses en juego, como cínicamente lo demostró el Partido Verde.
Tendría que formularse una lista de carácter limitado que indique los gastos y los montos de las acciones que puedan realizar los candidatos en campaña, fuera de la cual cualquier gasto sería materia de penalización. Desde luego que quedarían fuera los donativos en especie o en numerario en cualquier modalidad. Ya existe el control de la compra de tiempo en los medios electrónicos, aunque está fuera de control el espacio cibernético y no se ve sencillo someterlo o restringirlo, aunque sí es posible controlar el dinero que se destine al diseño y ejecución de pautas de creación artificial de opinión en estos medios.
La compra de votos es difícil de controlar, incluso para el propio comprador que, para hacerlo se ve obligado a operar mecanismos para garantizar el cumplimiento de parte de quien vende su voto. Uno de los mecanismos más socorridos es el de retener la credencial de elector y forzar al votante a depositar una boleta previamente marcada y entregar otra en blanco; para evitarlo tendría que reducirse la privacidad de la casilla y limitarse exclusivamente al acto de marcar la boleta, pero manteniendo a la vista el cuerpo del votante y sus movimientos, de manera de evitar el intercambio de boletas.
Una medida drástica y complicada en su ejecución es que la penalización por infracciones sea en términos de porcentajes de votos, en vez de las multas monetarias. Dado que la infracción busca aumentar el número de votos, su penalización debiera ser en la misma especie con lo que se inhibiría considerablemente la tentación infractora. Habría que analizarlo a profundidad para, en su caso, reglamentar su eficaz operación.
Por último, lo más importante sería conseguir que sea la ética la que opere en un ejercicio verdaderamente democrático, de lo contrario se estará jugando al gato y al ratón: para cada nueva medida de control responderá una nueva forma de evasión, como ha sido nuestra triste historia.
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