GERARDO FERNANDEZ CASANOVA>>
EL ENREDO DEL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS>>
Gerardo Fernández Casanova>>
Reitero mi posición en relación al asunto del financiamiento público a los partidos políticos: En su momento, 1977, fue una disposición eficaz para romper la hegemonía del PRI en el esquema político mexicano, cuyo resultado fue la creación de un sistema de partidos competitivos y la alternancia en el poder en los años de 1997 y 2000; a partir de entonces el costo de la medida se ha incrementado tanto en lo meramente monetario como, muy profundamente, en lo político, lo que ha hecho que su revisión sea impostergable. Los sismos del 7 y 19 de septiembre y su natural reclamo de recursos públicos para la reconstrucción han colocado el tema en primera línea del debate político.
El primer campanazo lo tañó Andrés Manuel López Obrador al anunciar que, por disposición de su Asamblea Nacional, MORENA destinaría el 20% de sus prerrogativas fiscales al auxilio a las víctimas de los siniestros. Ni tardo ni perezoso, el ínclito dirigente del PRI, Ochoa Reza, acusó a AMLO de populista y de aprovechar la tragedia para medrar electoralmente para, revirar que el PRI renunciaría a la totalidad del financiamiento público e invitando a que todos los partidos actuaran en el mismo sentido.
El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a MORENA que su ofrecimiento incurría en delito de malversación de fondos al destinarlos para un fin diferente al que fueron destinados y extendió la advertencia a todos los partidos y, en términos de la ley y la Constitución, le asiste la plena razón. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) realizó un seminario sobre el tema en el que el connotado jurista Diego Valadez se manifestó en el mismo sentido que el INE y defendió el sistema de financiamiento público a los partidos.
Por su parte, una gran mayoría de los mexicanos exige la eliminación de tal financiamiento por considerarlo en extremo oneroso e ineficaz. Molesta que la clase política corrupta reciba además dinero de los impuestos de todos para engordar su mal habida riqueza. Es un clamor que se agrega al enorme costal del descrédito de la política y de sus actores.
Es algo inusitado que el tema esté siendo ventilado públicamente y que los legisladores entren a su debate, lo cual era impensable antes de los sismos y del ofrecimiento de AMLO. No abrigo mucha esperanza de que el asunto se debata racionalmente y ajeno a posturas electoreras de peligrosa trascendencia. No obstante, la oportunidad de buscar soluciones eficaces es única y de difícil repetición.
Así las cosas, vale la pena apuntar los defectos del caso y apuntar a posibles soluciones y sus efectos. Respecto del costo financiero tendría que anotarse que resulta en extremo elevado, mayor al del presupuesto de la UNAM, por ejemplo, según calcula la especialista Amparo Cázares supera los 40 mil millones de pesos, los que no se ven compensados por los dudosos resultados obtenidos. El monto no sería cuestionado si a cambio tuviéramos un sistema electoral digno de confianza y una competencia de partidos políticos verdaderamente representativos de la sociedad y sus diferencias conceptuales. Lo que tenemos es una autoridad electoral dizque ciudadana, pero que cuyos consejeros son designados por cuotas entre los partidos representados en el Congreso.
Por otra parte, el excesivo financiamiento ha prostituido al sistema de partidos, favoreciendo a la formación de burocracias cerradas a la participación social y que sólo luchan por la remuneración de los cargos y el acrecentamiento de sus prebendas. Se prefiere a candidatos “bonitos” que aseguren votos en vez de militantes que representen alternativas ideológicas con sustento popular. Se deciden por encuestas candidaturas que debieran surgir del debate y el trabajo político.
En próxima entrega haré referencia a los beneficios del sistema y a los riesgos de su eliminación. Entre tanto invito a la reflexión pública sobre el tema.
Correo electrónico: gerdez777@gmail.com
