CRISIS ESTRUCTURALES
Gerardo Fernández Casanova
Las tan llevadas y traídas “reformas” no sólo han sido un profundo fracaso, sino que han generado una tremenda crisis estructural que hace coincidir, en tiempo y en espacio, crisis económica, crisis política y, desde luego, la social. No es poca cosa ni simple condición de coyuntura, aunque se argumente sobre el origen externo de los factores que provocan la económica de la que, supuestamente, se derivarían las demás. En efecto, los factores exógenos son reales, pero los de orden interno son también verdaderos y tornan imposibles las medidas que pudieran paliar y corregir los daños que nos vienen del exterior. El resultado es una imbricación de grave peligrosidad para la viabilidad del país como nación independiente, soberana y capaz de proveer a la felicidad de la población.
Hay muchas formas de proceder al análisis de la circunstancia; para el caso escojo una que trata de seguir el hilo conductor de la historia para intentar su mejor comprensión. El punto nodal radica en una reforma de fondo del estado que, sin mediar la más mínima discusión ni social ni legislativa, llevó a su transformación para dejar de ser el garante y tutor del bienestar social, para convertirlo en un simple instrumento limitado a la acumulación del capital y su protección. Esto sucedió en México, y en varias otras naciones, en la década de los 80 del siglo pasado, resultado de las aberrantes negociaciones de la impagable deuda externa, artificialmente provocada por los grandes poderes de la economía mundial, y la imposición de lo que fue llamado Consenso de Washington y, por consecuencia, el modelo neoliberal de la economía, ahora regida por el mercado libre.
Conforme a esta nueva concepción del estado se canceló la fórmula de la economía mixta, en la que el estado jugaba un rol activo en la inducción de la economía, como inversor en actividades estratégicas y procurador del pleno empleo con garantías a los derechos sociales. Así se produjo la ola de las privatizaciones; la eliminación del régimen de protección contra las importaciones y el desmantelamiento del aparato productivo nacional, tanto de la industria como del campo. Se afianzó tal modelo con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que, si bien favoreció las exportaciones de un reducido número de actividades como la automotriz y la maquila, provocó el cierre de una gran cantidad de empresas con el consiguiente desempleo. La expansión de ciertas exportaciones y el empleo que generaron no compensaron, ni con mucho, el desempleo que provocaron; tampoco se benefició la balanza comercial, dado que el aumento de las exportaciones ha sido siempre superado por el correspondiente a las importaciones. Esto habla a las claras del fracaso del proyecto exportador adoptado.
Pero no quedan ahí las cosas, El régimen colocó al país en la necesidad de ser competitivos con el mundo y en especial con los Estados Unidos, sin contar ni con la infraestructura ni con las condiciones necesarias para afrontarlo con éxito. De ahí que se haya procurado una competitividad artificial fundada en el sacrificio de los salarios y los ingresos fiscales, ofreciendo al inversionista extranjero toda suerte de facilidades, de manera que los sacrificios inherentes a ello anularon cualquier expectativa de mejora derivada del nuevo estado de cosas. La muestra incuestionable de esta aseveración son los magros números del crecimiento registrados por el producto nacional en estos treinta años, en todo caso inferiores al crecimiento poblacional. La economía así manejada ha sido un absoluto fracaso y, al quedar dependiente de la suerte de la norteamericana, ha quedado inerme y sometida. La deuda pública raya con la mitad de todo el valor del producto nacional. ¡Aguas!
Por el lado de lo social, el abandono por el estado de su función garante del bienestar social y la justicia, tramposamente encubierto en programas sociales de corte asistencial, ha acumulado agravios en amplias capas de la sociedad que cada vez con mayor fuerza manifiestan su inconformidad. La pretensión de imponer un modelo educacional diseñado en los términos del interés del gran capital, ha servido de detonador de la protesta, ahora con tintes de verdadera rebeldía, al que se van sumando otros sectores agraviados, sin que el estado disponga de instrumentos eficaces para procesarlos en santa paz, ni la voluntad para lograrlo, lo que configura la madre de todas las crisis, la de orden político.
El riesgo para el país es de alta gravedad. El régimen ya no convence a nadie, de uno y otro bando del espectro político se registra la ineptitud; la represión, además de injusta, ya no resulta eficaz y la resistencia escala a niveles de mayor virulencia. La incapacidad de gobernar se hace presente en todos los ámbitos de la vida nacional e invita a la aplicación de correctivos que pueden resultar peores, como sería el golpe de estado. Tiene razón López Obrador cuando propone que se privilegie la negociación, por el lado de los agraviados, al efecto de llegar a 2018 con una nación, maltrecha si se quiere, pero vigente y susceptible de recomposición. Ojalá nos dure.
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