CANDIDATURAS INDEPENDIENTES>>
Gerardo Fernández Casanova>>
La expectativa de las elecciones presidenciales del 2018 ha despertado una interesante aspiración de candidatos por fuera de las estructuras partidistas, los llamados independientes y que la ley contempla como válidas, aunque sometidos a rígidos condicionantes. El derecho nos asiste a todos a votar y ser votados, aunque es un derecho sujeto a ser regulado por la ley, de ahí la razón de ser de las referidas condicionantes. En términos reales, tales candidaturas van a contrapelo del interés constitucional de concretar un sistema de partidos que agrupe las opciones políticas en un número limitado de organismos, de manera de proveer a la gobernabilidad y a la eficacia democrática; por lo menos esa es la teoría que se vería trastocada en caso de proliferar las opciones.
También en términos reales, el auge de las pretensiones independientes obedece al abuso que se ha hecho del sistema de partidos, el que ha generado una monopolización de la actividad política y su correspondiente burocratización, agregada de un alto grado de corrupción. En el centro del asunto está el tema del financiamiento fiscal a los partidos y a sus candidatos, amparado en la declaración constitucional de ser organismos de interés público con derecho a recibir recursos cuyo monto está fijado, en la propia constitución, en un porcentaje fijo relacionado con el universo del padrón electoral, lo que los convierte en irreductibles y, además, en motivo de escándalo y protesta.
La justificación del financiamiento fiscal a los partidos surge, en primera instancia de una razón histórica: la hegemonía del PRI que indebidamente contaba con los recursos gubernamentales sin límite para su operación, en detrimento de las opciones opositoras. En segundo término, tal medida pretende erradicar el financiamiento de origen privado al efecto de evitar la intervención de los grupos de poder económico y, más recientemente, del crimen organizado. Indudablemente es una justificación de mérito.
Lo lamentable es que una operación justificada fue siendo prostituida, al grado de que hoy no logra ninguno de sus justificantes, mientras que ha llevado a la degradación del quehacer político. En los partidos se dan casos de negocios familiares sólo sostenidos por el recurso público, con pingües ganancias; pero, sobre todo, se ha trastocado la lucha política que, debiendo ser por las ideas, se ha vertido en la rebatinga por el presupuesto, los salarios y las canonjías. Los partidos se han convertido en grupos cerrados y excluyentes, en cuanto a membrecía; su definición ideológica se ha desdibujado en busca de ser incluyente en cuanto a votantes; se buscan, por ejemplo, candidatos al gusto del consumidor capaces de acarrear votos aunque no guarden relación alguna con el ideario o el programa del partido, esto en razón de que el presupuesto de apoyo a los partidos se reparte en proporción a la votación recibida. (El caso de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca es ejemplar).
El régimen, que encuentra muy funcional a sus intereses la llamada partidocracia existente, en vez de aplicarse a corregir las desviaciones, coloca un nuevo parche con la inclusión de las candidaturas independientes y agrega un nuevo motivo de distorsión favorable a más corrupción. El régimen tiene la capacidad de inflar o desinflar candidaturas independientes, según sea su interés electoral; con un independiente puede dividir el electorado de un candidato incómodo o, incluso, destinar al fracaso una candidatura propia que haya surgido de compromiso.
No descarto las justas pretensiones de personas que, con patriotismo y buena fe, procuren esta difícil alternativa de acceso al poder; lamento que no la encuentren en el espectro partidista, y que su viabilidad se vea nulificada por la realidad. Tampoco descarto a quienes ejerzan esta opción con intención anti sistémica, como instrumento para contribuir a acabar de descomponer al agonizante régimen, es una apuesta de alto costo y poca eficacia que, incluso, puede significar una cierta oxigenación al moribundo.
Concluyo con la insistencia de la necesidad de una profunda reforma institucional, una nueva constitución, que recupere la voluntad colectiva de construir nación, que consiga que sea la política verdadera la que procese las diferencias y sume las coincidencias; que sea el auspicio indispensable para la construcción del México Nuevo.
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