PERIODISTA GERARDO FERNANDEZ CASANOVA.>>
LAWFARE
Gerardo Fernández Casanova 28/10/2024
Continúo con el tema de la reforma judicial cuyo procesamiento ha alcanzado niveles de verdadera guerra (lawfare). Anticipo que es natural que, al inicio de cualquier administración gubernamental (de suyo débil) se registren movimientos de reacomodos y presiones tendentes a incrementar la debilidad del nuevo gobierno y, consecuentemente, aumentar la capacidad desestabilizadora de quienes pretenden recuperar su posición anterior, principalmente cuando se trata de privilegios y hegemonías extra nacionales. No es de extrañarse, pues, la rudeza con que se está dando la lucha en la materia judicial, último reducto de la claque conservadora del país.
Fue una gran jugada incorporar el tema como centro de la campaña electoral y convocar al electorado de respaldar la mayoría calificada en las cámaras legislativas en complemento de la presidencia de la república. Lograrlo la convirtió en la gran hazaña. Se convirtió en un mandato de la mayoría electoral, en el sentido de proceder a realizar las reformas constitucionales requeridas para la transformación del país, con la judicial en primera instancia para limpiar de escollos leguleyos a las demás. Por eso es la batalla de las batallas.
El tema fue puesto a discusión en parlamento abierto y en reuniones informativas convocadas por el congreso y, sin demérito de la centralidad de la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, fue enriquecido el proyecto original. Con ello, las comisiones de estudios legislativos y de puntos constitucionales de la anterior legislatura aprobaron el correspondiente dictamen para ser discutido por el pleno de la legislatura entrante, la que lo aprobó por mayoría de dos tercios tanto en diputados como en senadores, así como la mayoría de las legislaturas locales. La reforma constitucional fue publicada por el
presidente López Obrador el día 15 de septiembre de 2024, aprovechando el alto simbolismo de la fecha.
Ya desde un mes antes los trabajadores del poder judicial se declararon en paro en defensa de sus derechos laborales, sin razón puesto que la propia ley determina que quedan a salvo a plenitud. Los jueces y magistrados igualmente entraron en paro en defensa de la independencia y la carrera judiciales. Ambos instrumentos de defensa son en sí mismos violatorios del 123 Constitucional y, para mayor desaseo, sin dejar de percibir su salario. De manera insólita, los responsables de cuidar el cumplimiento de las leyes la violan en flagrancia, y con una muy poco agradable fragancia.
Luego vino la catarata de amparos contra la reforma, cuando la propia ley de amparo es clara al determinar en su artículo 61, fracción primera que a la letra reza: el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para mayor escarnio, una jueza de distrito de Coatzacoalcos, Ver. resuelve ordenar a la presidenta de la república desaparecer del Diario Oficial de la Federación la publicación de la citada reforma constitucional, en aberrante contradicción con la ley de amparo y la propia del diario oficial, con advertencia de caer en desacato de no cumplirse. La trampa consiste en obligar a la presidenta a apelar dicha resolución ante el tribunal de circuito que corresponda, cuyos magistrados pueden tomarse el tiempo que gusten para resolver, incluso declararse incompetentes y llevarlo a la sala correspondiente de la suprema corte. Todo ello para gastar tiempo y detener el proceso constitucional de elección de juzgadores. Así o más claro.
Al parejo, el gobierno del estado de Guanajuato (PAN) presenta a la corte un litigio por acción de inconstitucionalidad contra la reforma, teniendo facultad para hacerlo. Esto obliga a las cámaras legislativas a promover otra reforma para establecer la inatacabilidad
de las reformas dictadas por el poder constituyente permanente (las mayorías calificadas más la mayoría de los congresos estatales) la cual fue aprobada en el senado y se discute en diputados, donde se aprobará sin dudarlo.
Es una guerra descarnada que encabeza la ministra Norma Piña contra el resto del estado mexicano. Una sinrazón que ya se está resquebrajando. En el Consejo de la Judicatura la Sra. Piña pierde el voto que le daba mayoría y se exige el regreso a las labores al personal en paro. De igual manera el Tribunal Electoral de la Federación determina que el instituto electoral prosiga con los trabajos de organización del proceso electoral de los juzgadores, suspendido este por la duda de algunos consejeros electorales respecto de los amparos que ordenaban su suspensión.
Parece que las cosas van marchando en favor del objetivo reformador, aunque aún faltan elementos que puedan torcerlo de parte de la derecha conservadora. Prefiero no imaginarme la reacción del tigre popular que no admitirá que su voluntad sea ninguneada.
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