OJOS CIUDADANOS>>
Martín Pérez>>
- Saltan irregularidades en SSM en el manejo de
- recursos de la Federación en Morelos>>
Se encuentra en operación la Comisión de Entrega–Recepción de la administración estatal, y claro, los funcionarios que van de salida –los que hicieron de las suyas– tratan de tapar sus huellas, lo mejor posible a estas alturas del partido.
Es en los Servicios de Salud del Estado de Morelos donde se prenden los focos rojos y seguramente será una de las áreas en las que pondrá mayor empeño la llamada Comisión Ciudadana Contra la Corrupción, encabezada por Gerardo Becerra Chávez Hita, a partir de que tome posesión después del primero de septiembre.
El pasado 24 de mayo, al presentar la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción, el entonces candidato a la gubernatura, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en una lona mostró la conexión de la red de corrupción al interior de la administración estatal, en donde uno de los señalados fue precisamente el subdirector de Administración de los Servicios de Salud en Morelos, Andrik Ruiz de Chávez Arista, gente muy cercana al hijastro del gobernador, Rodrigo Gayosso Cepeda.
Ahí le va un caso a Gerardo Becerra para que lo investigue en cuanto sea posible:
En el Periódico Oficial Tierra y Libertad, de fecha 20 de julio del 2018, con el número 5615, se publica el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transparencia de Recursos Presupuestarios Federales para la Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y el Gobierno del Estado representado por los secretarios de Hacienda, Adriana Flores Garza, y de Salud, Ángela Patricia Mora González, y la directora general de los Servicios de Salud en Morelos, Giorgia Rubio Bravo.
El importe del Convenio es por cuatro millones 446 mil 011.64 pesos, todo de aportación federal, que ampara la operación de 15 unidades médicas móviles.
Se estableció para Servicios Personales, tres millones 992 mil 611.44 pesos; para servicios de traslado y viático, 108 mil 400; y, seguros de bienes patrimoniales por 345 mil.
Todo estaría muy bien, si no fuera porque los recursos corresponden al primer semestre del ejercicio fiscal 2016. Tardaron dos años en publicar el Convenio.
Estas unidades móviles debieron estar presentes en comunidades en dónde no existe un Centro de Salud. En el documento se puede checar que tenían programado realizar actividades en el municipio de Tlaquiltenango, en las comunidades de San Miguel de los Elotes, Unidad Habitacional Emiliano Zapata, Chimalacatlán, Huixastla, Palo Grande, Las Carpas, Rancho Viejo, colonia 3 de Mayo (El Tepiolol) y Las Bóvedas; municipio de Tlaltizapán, colonia 10 de Mayo (La Matanza); municipio de Atlatlahucan, en San Diego Tepantongo y San Juan Texcalpan; municipio de Yautepec, en Emiliano Zapata (Casahuates), Rancho Cuachixolotera y el Caracol (Campo Chiquito); así como en comunidades de las localidades de Totolapan, Yecapixtla, Tetela del Volcán, Ayala, Tepalcingo, Axochiapan, Xochitepec, Temixco, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Amacuzac, Miacatlán, Jiutepec, Tepoztlán y Huitzilac.
El personal de las unidades médicas móviles debía encargarse de llevar los siguientes controles: Nutricional, Enfermedades Diarreicas Agudas, Enfermedades Infecciones Respiratorias Agudas, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad, Dislipidemias, Cáncer Cervicouterino, Cáncer de Mama, Atención Prenatal, Planificación Familiar y Atención Odontológica.
Para que se atendiera a la población en estos rubros, se requiere de un médico general, un nutriólogo, un odontólogo, un ginecólogo, una enfermera y personal administrativo–chofer.
Si los tres millones 992 mil 611.44 pesos, que fueron destinados para el pago de salarios, si los dividimos entre seis meses y entre las 15 unidades médicas móviles, entonces, ¿qué salario pagaban al personal?, o sea, los recursos no fueron suficientes para las necesidades del programa.
La pregunta es: ¿en realidad, los recursos fueron aplicados para el programa o fueron utilizados para otro fin?
De acuerdo con personal de los Servicios de Salud de Morelos, solamente estuvieron en operación tres unidades médicas móviles durante ese tiempo en el Estado de Morelos y no las 15 que se mencionan en el Convenio.
Seguramente, la secretaria de Salud en la entidad, Ángela Patricia Mora González, y la directora general de los Servicios de Salud en Morelos, Giorgia Rubio Bravo, al menos deben de contar con fotografías de las 15 unidades médicas móviles en las comunidades arriba descritas, no sólo los formatos que deberían entregar a oficinas centrales mes con mes, pues es fácil inventar todo en papel.
¿Quiénes se hicieron de la vista gorda?, el comisario de los Servicios de Salud de Morelos; el personal de la Secretaría de la Contraloría del Estado; el presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, diputado Víctor Manuel Caballero Solano –otro de los señalados por Cuauhtémoc Blanco como parte de la red de corrupción–; y, personal de la Secretaría de la Función Pública, cada quien la parte que le corresponde.
No se vale lucrar con la salud de la gente más desprotegida.
Este columnista la pregunta a usted: ¿qué pena o castigo merecen todos los involucrados?
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
