Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
La no ratificación por otro periodo de seis años a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, María Leticia Taboada Salgado, es otra jugada más de quien mueve los hilos de la política en la entidad.
Hay que recordar que Taboada Salgado en su momento fue una propuesta del Partido Acción Nacional y fueron precisamente los integrantes del grupo parlamentario de ese partido los que apoyaban abiertamente su reelección. La votación final fue de seis a favor y 22 en contra.
Ahora, como se dieron las cosas corresponderá al titular del Poder Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Garrido Abreu, enviar una terna al Congreso del estado de los candidatos a la magistratura que queda vacante.
Esto tomará mucha relevancia, dado que en caso de que se lleve a cabo el juicio político en contra del gobernador del estado –lo cual se avizora muy remoto, pero es una posibilidad– el Poder Legislativo actuará como un agente del ministerio público que aporta los elementos para fincar responsabilidades, el Poder Judicial se convierte en jurado, así que contar con otro aliado en lugar de un enemigo puede hacer la diferencia final, ¿no le parece?
Dentro de esta situación tan delicada que se vive, están los señalamientos en contra del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, diputado Alberto Mojica Linares, a quien en estos momentos le mueven duro el tapete. La grilla está desatada en su contra desde hace más de dos semanas y como sucede con el marido engañado este es el último en saberlo. Al marido engañado le preguntan: ¿conoces a González?, y este contesta pues no, pues es él que entra cuando tu sales. Se avizora que habrá cambio en ese importante puesto, no porque haya un argumento real en su contra, sino porque es una situación política, enmarcada en el proceso del juicio político en contra del gobernador del estado. En radio pasillo hay dos versiones de la procedencia del ataque contra Mojica Linares, la primera es que el responsable es el diputado Francisco Santillán Arredondo; y, la segunda es que se trata de fuego amigo, dentro del mismo grupo parlamentario del PAN. Por cierto, ninguna de las dos versiones está confirmada, son meras especulaciones, pero como dicen “ve quien se beneficia de la situación”. Así que pudiera darse el movimiento de la llegada a la presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Hay que recordar que la base para el juicio político en contra del mandatario estatal es precisamente el resultado de la auditoria especial al crédito de 2 mil 806 millones de pesos realizada por la Auditoria Superior de Auditoría y Fiscalización, reporte que se encuentra en estos momentos en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública –formada por 15 diputados– de los cuales ocho actualmente se encuentran dispuestos a dar un dictamen procedente a ese documento que fue presentado por el auditor general, José Vicente Loredo Méndez.
Hay que recordar que en su momento, el resultado preliminar de la auditoria especial le costó la cabeza al entonces auditor general de la entonces Auditoria Superior de Fiscalización, Luis Manuel González Velázquez, pues este documento se filtró a las manos de los integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, los cuales a su vez presentaron una denuncia ante la PGR y solicitaron el juicio político en contra de Graco Ramírez Garrido Abreu.
En el documento presentado ante la PGR y que fue base para la solicitud de juicio político, todavía no le habían dado la oportunidad al titular del Poder Ejecutivo estatal de subsanar las observaciones, pero resulta que luego de haber entregado el dictamen el auditor general, José Vicente Loredo, reconoce en la entrevista que hay observaciones resarcitorias que no fueron justificadas por los funcionarios de las dependencias que tuvieron acceso al crédito de dos mil 806 millones de pesos, así que tendrán que fincar responsabilidades y esto significa que hay elementos para que continúe el proceso del juicio político.
En el seno de esa Comisión se tiene que declarar procedente o improcedente el documento, en caso de que se declare procedente se presentará al pleno en donde se votará el dictamen y en caso de que se tengan 20 votos, será aprobado, para posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
Esto es lo que espera que se realice el diputado Alberto Mojica, llegar a este punto para proceder a notificar a la PGR de manera oficial.
Por cierto, el gobernador del estado, se tuvo que amparar para que le dieran la oportunidad de defenderse en la denuncia en su contra en la PGR. Es claro que tiene que agotar todos los recursos de defensa a su favor y cuenta con elementos para hacerlo, eso ni lo dude.
Este columnista estará al pendiente de lo que suceda en las próximas semanas relacionado con este tema tan delicado.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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