Por José Luis Urióstegui Salgado
Graco calumnia a quien se atreve a expresarlas abiertamente,
como si eso revirtiera la realidad. Lo malo es que en su afán
por demostrar que tiene la razón, es capaz de mover
el aparato gubernamental para fabricar delitos
y detener a sus enemigos políticos
Como si los problemas cotidianos no fueran suficientes para que los morelenses estemos preocupados, hay que agregar un gobernador belicoso a quien la crítica enfurece automáticamente. Su plan de establecer el Mando Único policial en los treinta y tres municipios del Estado le ha hecho tomar decisiones precipitadas y arbitrarias, que nada positivo aportan a la sociedad, al contrario, la confunden y le hacen perder confianza en todas las autoridades.
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El lamentable homicidio de Gisela Mota, recién estrenada Presidenta Municipal de Temixco, fue la ventana que permitió a todo el mundo conocer toda la inseguridad, temores e incertidumbre que se vive en varios rincones de la entidad. El suceso fue de tal magnitud que de inmediato el gobernador aprovechó para lanzar quince decretos para asumir el mando de las policías en los municipios que hasta ese momento se habían negado a aceptarlo. El decreto por sí mismo puede no ser ilegal, ya que las leyes facultan al gobernador para asumir el mando de las policías municipales cuando existan causas de fuerza mayor o alteración grave del orden público, pero ninguna de ellas se actualizó en los territorios afectados. El Mando Único está operando en todo el estado desde hace más de dos años y los presidentes que decidieron separarse del mismo, solamente tuvieron la responsabilidad del uno al dos de enero, de ahí que se afirme que en esos dos días no ocurrieron acontecimientos que pudieran calificarse como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, como para llegar a esa determinación, en todo caso la falta de resultados y el escenario dibujado en los decretos es atribuible al propio Mando Único y al gobernador Graco Ramírez.
En este trance lo grave es que el artículo 114-Bis de la Constitución del Estado de Morelos dice claramente que la policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal y que esta policía acatará las órdenes que el gobernador le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; ninguna de estas dos hipótesis se había actualizado al 3 de enero en que se publicaron en el Periódico Oficial los decretos, pero ni la ley ni los decretos facultan al gobernador a sustituir a los secretarios de seguridad pública municipal, su designación es atribución exclusiva del presidente municipal, por ello, cuando el Comisionado Capella impone a sus incondicionales como titulares sustituyendo a los nombrados por los presidentes municipales, comete el delito de ejercicio indebido de atribuciones y también lo cometen quienes en esa condiciones aceptan el cargo.
La ola de críticas, las marchas y los comentarios en redes sociales y medios de comunicación en torno a estos hechos, dejan claro que la sociedad no comparte la forma de gobernar de Graco Ramírez, quien ha utilizado supuestos dichos de terceros para imputar conductas delictivas a ciudadanos y representantes populares, en un vano intento por desacreditarlos y evitar nuevos embates. Federico Figueroa, Carlos de la Rosa, Fidel Demédicis, Gerardo Becerra, entre otros, son ejemplos de burdas acusaciones mediáticas que no han llegado a las mesas investigadoras del Ministerio Público porque quien las profiere no ha tenido el valor y las pruebas para denunciarlos o teme que se le acabe el teatro.
Lo cierto es que en Morelos hay inseguridad grave, abusos policiales documentados, incapacidad de servidores públicos y corrupción en el gobierno, pero para evitar que esas verdades sean creídas por todos, Graco calumnia a quien se atreve a expresarlas abiertamente, como si eso revirtiera la realidad. Lo malo es que en su afán por demostrar que tiene la razón, es capaz de mover el aparato gubernamental para fabricar delitos y detener a sus enemigos políticos. Nada hay que se lo impida.
