Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
Capella al estrado
Todo parece indicar que será hasta el día siete de octubre, cuando comparecerá ante el pleno de la LIII Legislatura, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Juan Alberto Capella Ibarra.
La Junta Política y de Gobierno del Congreso local, encabezada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta, pospuso la comparecencia de Capella Ibarra que originalmente había sido pactada por el pleno para el día mañana 23 de septiembre. Habrá que ver si legalmente un acuerdo de la Junta Política y de Gobierno se puede anteponer a un acuerdo tomado por el pleno.
Vista la información del otro lado, era más importante que Capella se presentase ante el pleno de la LIII Legislatura que haber acudido a un Congreso o Convención a una ciudad colombiana. Aquí queda la duda, si Capella fue a aprender o fue a dar a conocer las bondades del Mando Único.
Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local se hubieran fajado los pantalones para exigir al titular del Poder Ejecutivo estatal la comparecencia de Capella Ibarra, para dar cumplimiento al acuerdo tomado por el pleno. Lo hubieran traído de Colombia o de cualquier parte del mundo donde estuviera y obligarlo a que se presentase. O lo que es lo mismo, se vieron muy tibios los líderes de los grupos y fracciones parlamentarias y luego se quejan de que los medios de comunicación los tachan de ser pro Capella. En caso de exigir su presencia y que no se hubiera presentado, entonces los diputados estarían en su derecho de exigir su remoción del cargo.
El pasado 15 de septiembre, el comisionado estatal de Seguridad Pública, estuvo presente en la instalación de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, que encabeza la diputada Hortencia Figueroa Peralta.
Ante el pleno, Capella Ibarra tendrá que explicar el destino de un mil 100 millones de pesos que le quitaron a los ayuntamientos de sus participaciones durante los últimos tres años para dárselos al Mando Único; las condiciones económicas de los uniformados, porque a muchos no les llega el bono; los elementos que pese a no pasar los exámenes de control y confianza siguen en activo, se habla de 400, los cuales debieron ser dados de baja desde el momento en que no aprobaron los examenes; y, las 350 quejas de ciudadanos y ciudadanas por la violación a sus derechos humanos, en el 2014, más las que se han acumulado este año, por la operación del Mando Único, las quejas son por la detención arbitraria, tortura, lesiones, amenazas, violación al derecho de las víctimas, ejercicio indebido de la función pública, prestación indebida del servicio público, allanamiento de morada y robo, entre otros.
La seguridad pública es el tema social más importante para los morelenses en estos momentos.
Habrá que ver cómo se comportan los diputados locales, si caerán en el protagonismo o de plano tomaran una actitud seria y moderada, aunque ya se vio que serán tibios a la hora buena.
En tanto, veremos al final que tan bien librado sale el comisionado estatal de Seguridad Pública en su paso por el Congreso del estado.
Hay que recordar, que a su antecesora, Alicia Vázquez Luna, no le fue tan bien cuando se presentó ante el pleno del Congreso local. La funcionaria fue citada a comparecer para que explicase qué diputados locales le habían pedido favores para soltar a delincuentes, declaración suya que había trascendido en medios de comunicación. La entonces funcionaria se negó una y otra vez a decir quiénes. Fue el entonces diputado David Rosas Hernández –de las pocas veces que subió a tribuna—quien reconoció que él había pedido un favor a Alicia. Al poco tiempo, el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, decidió pedir la renuncia a Alicia, pues le provocaba tensión con el Poder Legislativo. Al despedirla, Graco Ramírez anunció que Alicia tendría un cargo a nivel federal, cuestión que no se cumplió y la abogada regresó a su despacho.
En la LIII Legislatura están ocho ex presidentes municipales que en su momento tuvieron diferencias con el comisionado estatal de Seguridad Pública, Juan Alberto Capella, pues ellos consideran que no les cumplió con lo prometido.
El diputado José Manuel Tablas Pimentel detalla que cuando fue presidente municipal de Ayala le quitaban el 5% de las participaciones federales para el Mando Único, pero que el municipio no tuvo ningún beneficio pues siguieron pagando la nómina y la gasolina, pusieron a disposición del MU las patrullas y hasta armamento, en tanto los uniformados no recibieron el incremento salarial que se les prometió. Además, de que los índices delictivos siguieron igual o al alza en esa localidad de la zona oriente. Esta es la argumentación de Tablas para citar a comparecer a Capella Ibarra, ¿qué le parece?
Tablas Pimentel puesto en evidencia por Capella
El diputado local José Manuel Tablas Pimentel ha sido objeto de cuestionamientos en los medios de comunicación, por la difusión de un audio en donde presuntamente pacta con un delincuente el pago de derecho de piso.
Ayer, al término de la instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Tablas Pimentel fue abordado por los reporteros para preguntarle precisamente sobre esas grabaciones que recién fueron retomadas por el diario Reforma, pero que habían circulado en las redes sociales desde el mes de mayo pasado.
Tablas Pimentel relata que cuando era alcalde de Ayala se la pasó un mes en su casa, sin poder salir, pues era sujeto de amenazas constantes de parte de los grupos delictivos que trataban de extorsionarlo, bueno hasta una cabeza humana le dejaron a las puertas de su domicilio.
El diputado local da cuenta que inicio una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del estado en mayo pasado, y que presentó como pruebas de que pretendía extorsionarlo dos audios y un video, que él mismo grabó, y las copias se los entregó a dos personas, al entonces fiscal general del estado, Rodrigo Dorantes Salgado, y al comisionado estatal de Seguridad Pública, Juan Alberto Capella Ibarra.
Es de entenderse que esos dos audios y un video los entregó Tablas a quienes le darían instrucciones sobre cómo actuar en el momento de las negociaciones y además para que protegieran su integridad física y de la su familia.
De esta manera, Tablas acusa directamente a Capella de ser el responsable de la filtración de uno de los audios a los medios de comunicación, con lo cual el funcionario violó la secrecía de una investigación de la Fiscalía General del estado y por ende una reglamentación que se encuentra fundamentada en el Código Penal del estado.
El legislador panista dice que es víctima de una campaña mediática por parte del comisionado estatal de Seguridad Pública, debido a que está por presentarse ante el pleno del Congreso local.
Ahora, usted como ciudadano o ciudadana, póngase en los zapatos de Tablas y usted que sentiría que una de las pruebas que aportó para una carpeta de investigación por el delito de extorsión la hicieran pública, creo que la reacción que uno tendría sería huir a otro país para evitar las represalias del grupo delictivo que trata de extorsionarlo.
Tal vez Capella no se da cuenta del daño que le ha causado a Tablas y a su familia.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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