Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
PGR investigará a funcionarios de la Fiscalía General por amenazas contra el rector Vera Jiménez; Colegio de Abogados del estado pide a diputados desechar terna para titularidad de la Fiscalía General
Una de las primeras tareas que deberán emprender el nuevo delegado de la PGR en la entidad, Jaime Rodríguez, es la investigación de las amenazas de muerte en contra del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su familia.
Al sostener un encuentro privado con el gobernador del estado, Graco Ramírez; el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, anuncia que la PGR aceptó investigar las amenazas contra el rector de la UAEM.
Gilberto Higuera presentó al nuevo delegado en Morelos, Jaime Rodríguez.
Esto significa que la PGR deberá investigar a funcionarios de la Fiscalía General del estado, lo cual resulta un asunto espinoso a todas luces.
Vera Jiménez denunció el pasado 10 de septiembre, las amenazas de muerte en su contra y su familia ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al tiempo que decidió sacar del país a su familia. En el documento señala la presunta complicidad y vínculos de la delincuencia con autoridades de la Fiscalía General del estado.
El rector universitario precisa que esta no es la primera ocasión en que recibe amenazas de muerte, pero que fue la primera ocasión en que decide hacerlas públicas.
De inmediato hubo muestras de respaldo a la valentía del rector Vera Jiménez de líderes de organizaciones sociales, de abogados y de trabajadores.
El líder de la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM), Vinicio Limón Rivera, puso el dedo en la llaga, al mencionar: “Las amenazas en contra del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su familia por parte de elementos de la Fiscalía General, vienen a detonar un problema, en donde nosotros hemos sido muy insistentes con el gobierno del estado, que las policías están contaminadas en todos los órdenes y que la limpieza y depuración de los cuerpos policíacos no se ha hecho en el estado de Morelos.”
Para Vinicio Limón al no haberse hecho la depuración correcta de los mandos de los cuerpos policíacos, es una de las razones por las cuales no se puede terminar con la delincuencia. “Estos mandos quedaron contaminados desde hace dos sexenios, no es un problema que se origina en este sexenio, pero tampoco se ha hecho lo que se tiene que hacer.”
De esta manera, el rector Vera Jiménez detona un problema de fondo, insiste el líder cetemista.
La cantidad de policías en Morelos no es tan grande, qué no se pueda investigar a todos y tener una ficha de registro de cada uno, para darles seguimiento de las actividades que hacen todos ellos, recalca Vinicio Limón.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Pedro Martínez Bello, la terna para la titularidad de la Fiscalía General del estado debe ser desechada por los integrantes de la LIII Legislatura local, luego de que existe la sospecha de que desde el interior de la dependencia se filtraron las amenazas de muerte en contra del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su familia pues las tres personas propuestas trabajan en la dependencia.
El también presidente del Foro de Abogados de Morelos repuso que las declaraciones que hiciera el rector Vera Jiménez en el sentido de que interpuso una denuncia ante la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación por la presunta complicidad y vínculos con la delincuencia de autoridades de la Fiscalía General, es motivo suficiente para que los legisladores locales desechen la terna que fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo porque las tres personas propuestas son servidores públicos de esa institución.
Pedro Martínez Bello dice que no hay prisa para designar al nuevo fiscal, pues existe un encargado de despacho.
Este asunto dará mucho de qué hablar en los próximos días, pues la presión social estará sobre el nuevo delegado de la PGR, Jaime Rodríguez.
Laudos laborales y deudas bancarias ahogan a municipios
En bonito lío se encuentra Alejandro Luna Fitz, quien es el nuevo presidente municipal de Amacuzac.
Alejandro fue designado por el Cabildo como alcalde de Amacuzac a consecuencia de la destitución de su antecesor Noé Reynoso Nava, ordenada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por negarse a pagar un lado por un monto de un millón de pesos, del expediente 01/198/08 que data del año 2008 y que corresponde a una demanda laboral presentada por una trabajadora llamada Zugely.
Para salvar a Noé Reynoso Nava de la destitución, el área jurídica del ayuntamiento interpuso la Controversia Constitucional 43/2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para suspender la destitución de algún miembro del Cabildo de Amacuzac.
La secretaria del Trabajo del estado, Gabriela Gómez Orihuela, deja en claro que el nuevo alcalde de Amacuzac, Alejandro Luna Fitz, deberá cumplir con el pago del millón de pesos a la trabajadora despedida, pues el hecho de que hayan destituido a Noé Reynoso Nava, no exime al ayuntamiento de pagar el laudo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿de dónde sacará recursos el ayuntamiento de Amacuzac para pagar un millón de pesos?, así que Alejandro Luna Fitz pudiera ser destituido en cualquier momento y ni siquiera le dará tiempo de cobrar una quincena.
Qué sucedería en el caso de que Alejandro Luna aventara la toalla y nadie le quisiera entrar al toro por lo complicado del asunto, entonces tendría que intervenir el Congreso del estado para solucionar la problemática.
Existen otros 13 alcaldes que pudieran ser destituidos de un momento a otro por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
¿Por qué razón aumentaron los montos de los laudos? Los alcaldes en turno preferían interponer recursos legales para evitar el pago y dejar el asunto en manos de sus sucesores, además de que en la legislación estaba determinado el pago de salarios caídos sin importar el tiempo. Los alcaldes no aplicaban aquello de más vale un mal arreglo que un buen pleito y ahí están las consecuencias.
La actual legislación sólo establece como máximo un monto de seis meses de salarios caídos en los juicios laborales.
El director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOM), Francisco Velázquez Adán, declara que existe preocupación porque otros alcaldes se encuentran en capilla y que la institución que representa los ha asesorado para que eviten la problemática y puedan pagar aunque sea en mensualidades.
Para el funcionario estatal, la destitución de Noé Reynoso Nava es el resultado de las complicaciones económicas, luego de haber recibido administraciones con problemas financieros.
“El caso de Amacuzac no es aislado, también se dio la destitución del alcalde de Emiliano Zapata, Carlos Eduardo Martínez Varela, y de la tesorera municipal… En la misma situación se encuentran varios municipios, tenemos a los ayuntamientos de Zacatepec, Coatlán del Río y Cuautla, así como otros cinco o seis municipios más en ese proceso”, resalta Francisco Velázquez Adán.
Gracias al asesoramiento del IDEFOM varios presidentes municipales decidieron adelgazar la nómina, pero fue hasta después del primer año de gestiones no desde el principio.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Alberto Mojica Linares, propone que el gobierno del estado y el Poder Legislativo vayan en auxilio de los ayuntamientos para rescatarlos de sus problemas económicos, porque se ha comprobado que solos no han podido resolverlos.
De acuerdo con el reporte de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, al 31 de mayo del 2015, las deudas bancarias de 22 municipios ascendían a un mil 008 millones de pesos.
Ante este panorama tan complicado, los presidentes municipales electos han de estar de verdad preocupados por la situación en la que recibirán las administraciones.
El alcalde electo de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, reporta adeudos de 72 millones de pesos por laudos laborales y otros 30 millones por un crédito que supuestamente fue destinado para obra pública, durante la administración de Gustavo Rebolledo Hernández.
No es nada descabellada la propuesta del alcalde electo de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, en el sentido de que al entrar solicitará un préstamo para pagar laudos, proveedores y etiquetar recursos para la realización de obras. El crédito sería pagado en tres años, o sea no rebasará el tiempo de su gestión.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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