Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
Dos titulares de Órganos de Control Interno no cumplen con el perfil; harán fracasar al Sistema Estatal Anticorrupción
Los titulares de los Órganos de Control Interno (OCI) de los organismos descentralizados deberían cumplir con un perfil profesional de contador público o licenciado en administración de empresas, de preferencia con maestría o especialidad en auditoría gubernamental, por el tipo de trabajo que van a desarrollar, pues tienen que saber auditar y dictaminar.
La titular en el OCI de la Comisión de Derechos Humanos del estado es Roxana Aguilera Mejía, licenciada en derecho, quien no cumple con el perfil profesional.
El titular en la OCI del Colegio de Morelos es Alejandro Sánchez Yáñez, quien es licenciado en Comunicación Humana, Maestría en Docencia y Administración de la Educación y Doctorado en Ciencias de la Educación. No cumple con el perfil profesional.
El titular del OCI en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana es Blanca Estela Aldana Alejandre, contadora pública, quien si cumple con el perfil profesional.
El titular del OCI en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es Francisco Miguel Yáñez Sánchez, contador público, quien si cumple con el perfil profesional.
En la última sesión, correspondiente a un periodo extraordinario, los integrantes de la LII Legislatura local hicieron estos nombramientos, por lo que habrá que preguntarles porque en el caso de dos de los titulares de las OCI si checaron el perfil profesional y como en el caso de los otros dos no lo hicieron. La respuesta es sencilla quisieron premiar a sus incondicionales y de esta manera seguir teniendo el control ellos, los diputados que los recomendaron para el cargo.
Esta información se encuentra asentada en la edición del pasado 29 de agosto del Periódico Oficial Tierra y Libertad.
Vista la información desde otro punto de vista, dónde queda la ética profesional de Roxana Aguilera Mejía y Alejandro Sánchez Yáñez que aceptaron una gran responsabilidad a sabiendas que no van a poder cumplir con el trabajo si no es con el apoyo de un tercero, pues no están preparados profesionalmente para desarrollar la tarea en cuestión.
La cuestión es que cuando uno tiene más de 40 años las posibilidades de colocarse en un empleo son escasas y uno agarra lo que puede, ya después Dios dirá.
Cuestionados nombramientos en la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso local
Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura local, que fue encabezada por Edmundo Javier Bolaños Aguilar, dejaron su herencia en la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización (ESAF) pues nombraron el 27 de agosto pasado –cuatro días antes de dejar el cargo– a: Abel Romo Pérez, como auditor especial de la Hacienda Pública Estatal; América López Rodríguez, como auditora especial de Organismos Públicos “A”; a Erick Alexis Pedraza Nava, como auditor especial de Organismos Públicos “B”; a Marycarmen Ledesma Ugalde, como directora general de Capacitación; a Víctor Hugo Vargas Ángeles, como auditor especial de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal; a Luis Alfonso Brito Escandón, como director general Jurídico; y, a Carlos Tinajero Campos, como director general de Administración. Todos estos nombramientos son por un periodo de cuatro años.
Precisamente a estos nombramientos se refería el líder del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza en el Congreso local, Francisco Santillán Arredondo, de que serán revisados por la LIII Legislatura.
Así que por lo que se observa y viendo que los diputados locales que apenas entraron en funciones querrán nombrar a personas de su confianza, se prevé que estas personas que apenas tomaron posesión dejarán los cargos antes de que termine el mes de septiembre.
El tema seguramente será tratado en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, que seguramente encabezará el panista Alberto Mojica Linares.
Los integrantes de la LIII Legislatura tienen todo el derecho de remover con otro acuerdo de la Junta Política y de Gobierno estos nombramientos de personas que son incondicionales de Javier Bolaños Aguilar y Lucía Meza Guzmán.
Jaime Castera “ponchado”
Este columnista hace votos porque una vez le atine bien Jaime Castera Toscano, quien compitió para una de las dos plazas de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Castera Toscano ha querido ser fiscal general del estado, después magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado y ahora fue por esta nueva posición.
Digamos que Castera Toscano ya tuvo sus tres strikes en su turno al bate, por lo que ya está ponchado.
El nuevo coordinador del Foro de Profesionales de Derecho, que reúne a varias organizaciones y asociaciones de abogados, le gusta participar, por lo que hay que resaltar su empuje y ganas de hacer las cosas, pero esto no ha sido suficiente.
Esperemos que Jaime siga intentando una y otra vez colocarse en el servicio público.
Dicen que para entrar a la estructura gubernamental hace falta una buena palanca y esta no la ha tenido Castera Toscano.
Comisionados del IMIPE ejercieron funciones ilegalmente
Habrá que ver si los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) no incurrieron en el presunto delito de omisión o algún otro, dado que no estaba bien legalizados los nombramientos de Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez.
Esto consta en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del pasado dos de septiembre pasado.
En el caso de Mireya Arteaga Dirzo, en un primer oficio se establece que es presidenta comisionada del ocho de junio del 2015 al siete de junio del 2017; y, en un segundo oficio se establece como comisionada a partir del ocho de junio del 2013 y concluye el siete de junio del 2020.
En cuanto a Dora Ivonne Rosales Sotelo, es comisionada del nueve de junio del 2014 al ocho de junio del 2021.
Víctor Manuel Díaz Vázquez es comisionado a partir del ocho de junio del 2012 y concluyendo el siete de junio del 2019.
O sea, si usted lee con atención las fechas, se dará cuenta que los funcionarios del IMIPE desempeñaron sus cargo de manera ilegal, sin nombramiento, en el caso de Mireya Arteaga a partir del ocho de junio del 2013; de Dora Ivonne Rosales a partir del nueve de junio del 2014; y, Díaz Vázquez, a partir del ocho de junio del 2012.
Los documentos son firmados por el secretario ejecutivo del IMIPE, Guillermo Arizmendi García, tres de ellos con fecha 11 de agosto del 2015 y uno sin fecha, lo cual puede ser todavía más cuestionado.
Los encargados de vigilar la transparencia de la información pública debieron legalizar en tiempo y forma sus nombramientos en el Periódico Oficial Tierra y Libertad para que sus actos cumplieran con la ley, ¿no cree usted?
Hasta aquí dio la tinta por hoy.
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