Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
Peligrosa la profesión de abogado en Morelos
En 13 años, han sido asesinados 14 abogados y abogadas –más de uno por año—los cuales han quedado sin investigación alguna por parte de la Fiscalía General del estado –antes Procuraduría General de Justicia del estado—y por ende, no se ha detenido a ninguno de los responsables, así que permea la impunidad.
La denuncia fue hecha por integrantes del Consejo Estatal de Abogados de Morelos, A.C. debido al asesinato de Vicente Javier Albarrán Gómez, el pasado sábado, cuando pretendía abrir el despacho ubicado en la calle Copalhucan, que comunica la calle Atlacomulco con la avenida Cuauhtémoc.
Los integrantes del Foro Morelense exigen que sea la Procuraduría General de la República los casos de los abogados ejecutados, por las deficiencias mostradas por la Fiscalía General del estado.
Hicieron notar las deficiencias, entre las que se encuentran:
Inexistencia de programas de prevención del delito; ineficiencia de las 400 cámaras de video vigilancia y que están conectadas al C5; inoperancia del Mando Único que en lugar de cumplir con su función de proteger y servir a la sociedad se han coludido con la delincuencia organizada; inoperancia de los exámenes de control y confianza; e, ineficacia de la Fiscalía General del estado en materia de investigación científica del delito.
Van algunos de los nombres de abogados asesinados recientemente: Martín de Jesús Díaz Gómez, Alejandro Exiquio Rodas, Miguel Ángel Piza Bernal, María del Rosario Suástegui Román, Estela Flores Valdivia y Vicente Javier Albarrán Gómez.
Periodo extraordinario en el Congreso para nombrar nuevo fiscal general del estado
Los integrantes de la LII Legislatura local podrían ser convocados a un período extraordinario de sesiones, para analizar la terna que envíe el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, para sustituir a Rodrigo Dorantes Salgado como titular de la Fiscalía General del estado, quien presentó su renuncia al cargo.
Debido a las circunstancias que se viven en el territorio morelense, no puede esperar la designación del nuevo fiscal general del estado, hasta después del primero de septiembre que entrará en funciones la LIII Legislatura local.
Hay que recordar que en su momento, Carlos de la Rosa Segura fue el único legislador local que se opuso a que Rodrigo tomará el cargo en sus manos, dado que no cumplía con la residencia mínima de 10 años en la entidad, luego de que desempeñó diversos cargos en Chihuahua.
En conferencia de prensa, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, acusa de opacidad, perversión y falta de transparencia, el trabajo que desarrolla el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), al evidenciar a un agente policiaco adscrito a la Unidad Especializada en el Combate contra el Secuestro (UECS), por el presunto delito de robo a unos 30 asistentes a una fiesta en la capital morelense. Capella Ibarra cuestiona el modo de actuar de la dependencia encabezada por Rodrigo Dorantes Salgado, al señalar que el director de Investigaciones y Procesos Penales, Ricardo Flores Delgado, evidenció y señaló como ―culpable al policía estatal detenido por su presunta responsabilidad en el delito de robo, sin contar con los elementos de prueba suficientes.
Ante estos hechos, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, diputado Javier Bolaños Aguilar, pide al gobernador Graco Ramírez poner orden en sus instituciones de seguridad e incluso evaluar la permanencia de sus titulares, para evitar que hubiera un divorcio y lo que era peor un enfrentamiento entre las dependencias, que en realidad y de acuerdo con la ley deben trabajar de manera coordinada.
En la decisión seguramente también se tomó en cuenta la postura de los integrantes del Consejo Estatal de Abogados del estado que como veíamos daban cuenta del asesinato de 14 abogados durante los últimos 13 años sin que la Fiscalía General del estado haya detenido a alguno de los responsables. El último, registrado el pasado sábado –mismo día del atraco a los fiesteros—de Vicente Javier Albarrán Gómez.
Tocó al secretario de gobierno del estado, Matías Quiroz Medina, confirmar la noticia que se había esparcido en redes sociales horas antes de que Rodrigo Dorantes Salgado presentó su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del estado.
En fin como dicen lo que mal inicia, mal acaba.
Denuncian a senadora Lisbeth Hernández
Acusan a la senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, de fraude inmobiliario por lo que abogados y afectados decidieron presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para exigir que les devuelva el dinero que les fue solicitado para adquirir una vivienda. Jesús de la Mora de la Mora, promotor de Vivienda Digna de la senadora, explicó que es necesario que la senadora dé la cara y responda por los compromisos que se hicieron con la gente antes de la campaña político- electoral. Indicó que la legisladora federal del Revolucionario Institucional, personalmente se comprometió con la ciudadanía para llevar a cabo este programa y ahora trata de deslindarse del problema, echando la culpa a los demás cuando ella acudió a los diferentes municipios de la entidad para aterrizar este proyecto y directamente habló con la gente.
Esta fue la nota que publicó el periódico El Regional del Sur.
Hace unos seis meses, fue la misma senadora por Morelos, Lisbeth Hernández, la que presentó una denuncia en contra de dos de sus colaboradores más cercanos, precisamente porque pidieron dinero para tramitar apoyos de Sedesol para construcción de pies de casa.
No se vale sacar raja precisamente de los más necesitados.
Jesús de la Mora de la Mora, es una persona que inspira confianza al verlo, bajo de estatura, escaso pelo, complexión delgada y de unos 50 años de edad, además pone como referencia a su padre que es integrante del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca y quien tiene un negocio de venta de maquinaria para el agro desde hace más de cuatro décadas en la avenida Morelos, en la colonia Chipitlán.
Jesús de la Mora también fue integrante del Comité Municipal en Cuernavaca del Partido Humanista y por andar haciendo de las suyas tuvo diferencias con el líder estatal, Jesús Escamilla Covarrubias.
Jesús de la Mora conoció a Jesús Escamilla –quien también encabeza una organización campesina con presencia en la zona de los Altos de Morelos– precisamente por la venta de maquinaria y equipo para el agro.
La Fiscalía General del estado tendrá que deslindar responsabilidades, en donde seguramente aparecerá en las investigaciones el “ingeniero Rafael”. El fiscal del caso deberá preguntar a los afectados: ¿quién le pidió dinero?, y ¿quién recibió el dinero?
En este caso se nota una deslealtad de un trabajador hacia su patrón.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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