TERTULIA POLÍTICA, Por Pedro Martínez Serrano
Capella / Dorantes
La salida de Rodrigo Dorantes Salgado, aunque sin duda
es buena, se convertirá en la antesala
una pesadilla, una negrísima pesadilla de terror y sangre, ante
la certeza de que ahora sí, la Fiscalía General del Estado
se someterá a los intereses de bandas criminales,
a las que sirve el Comisionado Estatal de Seguridad Pública.
Habilidoso, perverso, vengativo y difamador, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, se ha ganado los cargos, arrastrándose a los pies de ricos poderosos, no siempre honestos, pero sí siempre cercanos a centros de poder desde los que se han negociado sus nombramientos.
Así, a mediados de 2003, el ahora protegido de Graco Ramírez, el extraviado mental que está al frente del gobierno del Estado, se empleó como ayudante del empresario Ascan Lutteroth (ahora senador suplente del bajacaliforniano Ernesto Ruffo), para ayudarlo a golpear, difamar y desgastar al presidente municipal de entonces, el panista Jesús González Reyes, a quien enfrentó el empresario en la disputa por un predio.
Desde entonces, el policía Capella trabó amistad con Jorge Ramos Hernández, ahora diputado federal electo que entonces era aliado de González Reyes. Jugaba en dos pistas y buscaba favores de un lado ─con los panistas─ y los pagaba con información adelantada de lo que haría Lutteroth quien por cierto, ahora lo odia.
Fue precisamente Jorge Ramos, el mismísimo panista hechura de González Reyes quien, luego de perder la contienda por la alcaldía de Tijuana en 2004, ante el priísta Jorge Hank Rhon, ganó en 2007 y, a finales de ese año, nombró a Alberto Capella como secretario de seguridad en Tijuana.
Antes, al amparo del mismo panista, el policía había sido promovido dentro de los consejos ciudadanos de seguridad, municipal y estatal, en Baja California y, desde ahí, se encargó de hacer ruido político y de vincularse en las cúpulas del poder empresarial (con capitales de dudosa procedencia) periodístico y político.
Como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, el domingo 29 de octubre de 2006, se montó y aprovechó una marcha convocada por el Obispo de la Diócesis de Tijuana, Rafael Romo Muñoz y, al final de la misma, buscó el reflector mediático, para soltar: los resultados que se obtuvieron en la marcha, demostraron que la inseguridad no es solamente un problema de percepción ni mucho menos un chisme, exctamente lo que ahora niega en Morelos.
En esa historia de golpes bajos, difamaciones y traiciones, Alberto Capella se acomodó con un poderoso grupo empresarial, que se encargó de recomendarlo con el gobernador de Morelos, el señor Graco Ramírez, para que viniera como secretario de Seguridad Pública, para sustituir a la abogada Alicia Vázquez Luna. Para dar vuelta a la constitución estatal, convirtió a esa dependencia en Comisión.
Como comisionado de Seguridad Pública, Capella Ibarra se colocó a la cabeza de una ola de abusos policiacos, que incluyen el asalto, el fin de semana anterior, a los asistentes en una fiesta, de parte de policías integrantes del cuestionadísimo Mando Único, que sólo ha servido desde su integración, para pisotear los derechos humanos de los morelenses.
En su intento por encubrir ese asalto y junto a él, a sus policías asaltantes del Mando Único, Capella Ibarra evidenció su pleito con el Fiscal General del Estado, el procurador pues, el pusilánime y disminuido Rodrigo Dorantes Salgado, a quien orilló a la renuncia.
Los abusos y ridículos de Capella hacen insuficiente cualquier espacio para registrarlos, aunque los mismos incluyen la fundada sospecha de agencias del gobierno de Estados Unidos, de que durante su estancia al frente de la policía de Tijuana, se arrodilló al servicio de cárteles criminales que le abultaron su fortuna, pero también a los que realizó servicios que incluyen levantones y ejecuciones.
Aquí en Morelos, el secuestro se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, lo mismo que el robo de carros, los feminicidios, las ejecuciones, al asalto a mano armada, el cobro de piso y más y más delitos que no pueden más que exhibir que la policía y las instituciones del Estado, están al servicio de criminales.
La salida de Rodrigo Dorantes Salgado, aunque sin duda es buena, se convertirá en la antesala una pesadilla, una negrísima pesadilla de terror y sangre, ante la certeza de que ahora sí, la Fiscalía General del Estado se someterá a los intereses de bandas criminales, a las que sirve el Comisionado Estatal de Seguridad Pública.
