Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
Reculan diputados locales ante presión de universitarios
Los legisladores locales no esperaban la respuesta del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y de los integrantes del Consejo Universitario, tras aprobar la reforma constitucional en materia de transparencia y combate a la corrupción y que da origen al Sistema Estatal Anticorrupción.
Unos dos mil 500 estudiantes, académicos y funcionarios de la UAEM marcharon desde el Campus Chamilpa hasta la sede del Congreso local y tomaron el salón de plenos, además de que obligaron a que los atendiera una comisión de diputados, entre los que se encontraban Carlos de la Rosa Segura, Alfonso Miranda Gallegos y Roberto Fierro Vargas.
Los legisladores locales Javier Bolaños Aguilar y Jordi Messeguer Gally se pronunciaron por echar abajo la reforma constitucional en respeto a la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad, lo cual se observa como una medida política de respuesta a la presión ejercida por el rector, el Consejo Universitario y un grupo de estudiantes de diversas facultades y escuelas.
Sistema Estatal Anticorrupción acorde con legislación federal
En realidad los legisladores locales, encabezados por Lucía Meza Guzmán, cumplieron con su cometido de armonizar la legislación local a la federal en materia de transparencia y combate a la corrupción.
El Congreso Local creó la Fiscalía Anticorrupción y de forma paralela la figura de contralores autónomos dentro del sistema de gobierno y sobre los órganos autónomos constitucionales, con la finalidad de prevenir, controlar y disuadir la corrupción con carácter integral, en especial sobre las causas que generan dichos actos.
La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos otorgó facultades al Congreso de la Unión, a la Asamblea de Distrito Federal y a las legislaturas locales a designar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a los entes de control interno dentro de los organismos constitucionales autónomos como lo son la UAEM, IMPEPAC, IMIPE y CDHEM.
Estas disposiciones se efectuaron en total observancia a los dispuesto por la Constitución Federal, que establece de forma expresa la obligación de que el poder público, sin importar el orden de gobierno o la naturaleza de la autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, investigación y sanción de órganos especializados e inmediatos al ejercicio público.
Bajo ese razonamiento, el Congreso del Estado procedió a aprobar reformas constitucionales con la finalidad de fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, en todos los espacios del poder público, incluyendo a los órganos autónomos.
De hecho, la UAEM dentro de la propia Constitución del Estado, se considera un ente fiscalizable. Es decir sujeto a la revisión de sus cuentas públicas conformadas con recursos públicos.
Con dichas disposiciones establecidas en la reforma del Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Morelos, y sujetas a la aprobación de los 33 ayuntamientos dentro del Constituyente Permanente, el Congreso del Estado no viola ni atenta contra la autonomía universitaria.
Autonomía de la UAEM, cuestionada
Una máxima dice: él que paga manda.
¿Cómo se debe entender la autonomía de la UAEM?, la respuesta resulta complicada, porque en realidad la institución no cuenta con autonomía económica y depende del Presupuesto de Egresos de la Federación, de los recursos del erario estatal y de los impuestos que recaban los 33 ayuntamientos para su operación.
Al recibir recursos públicos, la UAEM debe ser sujeta a una revisión por parte de un auditor externo que verifique en realidad la comprobación de los dineros y su aplicación de manera honesta y transparente, de ahí que este columnista este de acuerdo en que los diputados locales no aflojen y que no echen abajo la reforma constitucional anticorrupción, la cual por cierto está acorde con la legislación federal.
Usted recuerda en cuántos escándalos públicos se han visto envueltos rectores de la UAEM por presuntos malos manejos de los recursos de la Federación, el último, recursos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de SEDESOL de acuerdo con un documento de la Auditoria Superior de la Federación que fue consignado por la revista Proceso; y, anteriormente del Instituto Nacional del Deporte, que destinó para la construcción de unas canchas deportivas por motivo de la celebración de la Universiada Nacional. Ambos casos solo fueron noticia de momento y nada más, no existe un funcionario universitario tras las rejas.
Este columnista considera que la autonomía universitaria se basa en la libertad que tienen para elaborar y aplicar los programas de estudio de cada carrera y posgrado; elegir a sus autoridades (rector y directores de facultades y escuelas); y, en la toma de decisiones internas, cómo crear otras carreras, y la revisión de los contratos colectivos de trabajo con los dos sindicatos, por citar algunos ejemplos.
De acuerdo con Wikipedia, la autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos. El principio de autonomía Iris universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y auto-gobernada, y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio.
Pero de ahí a que puedan gastarse los recursos públicos cómo les venga en gana y no ser auditados, hay un mundo de diferencia.
El rector Jesús Alejandro Vera Jiménez pretende seguir administrando los recursos públicos que llegan a la UAEM sin control alguno de parte de la Federación y el gobierno del estado, y que son autorizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por el Congreso del estado, respectivamente.
Este columnista hizo una pequeña encuesta entre algunos manifestantes que se dieron cita en el salón de plenos del Congreso local y bien a bien no sabían cómo sería violada la autonomía universitaria por la reforma constitucional anticorrupción. Tenían conocimiento de que se pretendía violar la autonomía, pero no sabían el cómo.
Los ciudadanos comunes y corrientes poco sabemos de las finanzas de la UAEM, aunque siempre escuchamos sobre el déficit histórico de varios millones de pesos.
Tal vez al ser auditada la máxima casa de estudios se pudieran aprovechar mejor los recursos y esto daría como consecuencia el incremento de la matrícula, por ende el beneficio sería mayor para la sociedad en general.
Miles de jóvenes cada ciclo escolar quedan fuera por falta de cupo en las distintas facultades y escuelas de la UAEM y por ende, los que cuentan con padres de familia con recursos económicos irán a una universidad privada, mientras que los pobres no tendrán posibilidad alguna de seguir sus estudios profesionales. Esta situación crea una polarización de la población.
La reforma constitucional anticorrupción claro que está pisando algunos callos.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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