Ojos Ciudadanos Por Martín Pérez ojosciudadanosmorelos@gmail.com
El vacío de poder es aprovechado a favor de intereses particulares y se antepone al interés de la sociedad en general. El vacío de poder es una situación provocada por los mismos servidores públicos, que están obligados a cumplir con la ley, pero no lo hacen.
Vacío de poder en el transporte público
Para muestra un botón del vacío de poder, por ejemplo, en lo que pasa en el transporte público de pasajeros, en donde de acuerdo a la versión del secretario de Movilidad y Transporte, Manuel Santiago Quijano, el 40% de los colectivos y taxis rebasan los 10 años de antigüedad y por ende estarían impedidos legalmente para circular.
Manuel Santiago reporta que unas 13 mil unidades –colectivos y taxis– “no tienen las mínimas condiciones permisibles para prestar el servicio, incluso rebasan los 15 años de antigüedad”.
Estos 13 mil concesionarios en complicidad con las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte ponen en peligro todos los días a miles de usuarios, sin que la Comisión del Transporte del Congreso del estado –encabezada por el diputado del PSD, Roberto Carlos Yáñez Moreno—haya hecho algo al respecto durante casi tres años.
Es evidente que 13 mil concesionarios son malos administradores de sus empresas, porque si hubieran tomado las previsiones necesarias hubieran creado un fondo de ahorro para adquirir una unidad nueva, pero la verdad son gente que ha sido beneficiada por una concesión del gobierno del estado y sacado provecho durante décadas, sin tener un compromiso con la sociedad. De esta manera, procede legalmente que las concesiones sean canceladas de manera definitiva.
Al contar con una antigüedad mayor de 10 años las unidades carecen de seguro, y por ende ninguna compañía aseguradora les puede brindar una garantía cuando saben que están en malas condiciones mecánicas y representan un alto riesgo de sufrir un accidente. De acuerdo con la legislación ninguna unidad puede circular sin contar con un seguro de cobertura amplia.
La revisión mecánica que debe aplicar la Secretaría de Movilidad y Transporte es un mero requisito administrativo, en realidad no se cumple ni se ha cumplido durante más de una década.
Por cierto, desde que este columnista tiene memoria los dirigentes de las organizaciones del transporte público son los mismos de siempre. Las autoridades deberían revisar las actas constitutivas de las asociaciones civiles y los libros de actas para saber si en realidad son legítimos los liderazgos.
Es muy grave y temeraria la declaración que hiciera el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el sentido de que no hay fecha para retirar las unidades en mal estado, mientras alguno de sus familiares cercanos o usted mismo pudiera sufrir un accidente fatal a bordo de una ruta o un taxi.
Vacío de poder en el tratamiento de desechos sólidos
Unas dos mil toneladas diarias de desechos sólidos, que producimos los morelenses, van a parar a 15 tiraderos a cielo abierto, reconoce el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Topiltzin Contreras Macbeath. Esto representa el 30% del total de basura.
El funcionario calcula que se requieren 67 millones de pesos para cerrar los tiraderos a cielo abierto. Estará usted de acuerdo con este columnista que hubiera sido más importante solucionar este problema que invertir 600 millones de pesos en un estadio de fútbol.
El 70% de los desechos sólidos tienen como destino los rellenos sanitarios de Cuautla, Mazatepec, Jojutla y Yecapixtla.
Este es otro ejemplo de vacío de poder, porque los tiraderos a cielo abierto funcionan desde hace décadas pese a que no cumplen con lo establecido en la ley. Claro, todo mundo saca provecho. Se calcula que por cada tonelada de basura que reciben los propietarios de estos terrenos se llevan 400 pesos, o sea, hablamos de un negocio que genera 800 mil pesos diarios. Estos recursos alcanzan para dar y repartir para todos, así que usted sabe ¿cuándo se va a terminar?
El gobierno del estado pretende otorgar el control del destino de los desechos sólidos a la empresa Cruz Azul durante los próximos 20 años, lo que daría paso a la cancelación de los 15 tiraderos a cielo abierto.
Se habla de una inversión de 600 millones de pesos de la empresa cementera.
En la sesión pasada, los diputados locales votaron seis en contra y cuatro a favor de que los ayuntamientos se vean obligados a firmar contrato con la empresa Cruz Azul. Seguramente, dado los grandes intereses económicos, el punto de acuerdo será incluido en alguna de las tres sesiones ordinarias que faltan por realizarse por parte de la LII Legislatura local. Tal vez la idea es que las administraciones actuales que terminan funciones el 31 de diciembre próximo heredarían los contratos a las siguientes siete administraciones municipales.
No hubiera sido más fácil dotar de recursos económicos a los ayuntamientos para que cumplan con lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución federal, que los obliga a brindar el servicio de recolección de basura; que promover a una empresa que se haga cargo del destino final de los desechos sólidos.
Al principio de la administración de Miguel Ángel Rabadán Calderón en el municipio de Jiutepec, se autorizó a la empresa Tecno Azul, filial de la cementera Cruz Azul, la concesión del destino final de los desechos sólidos. La idea era que fueran separados los desechos sólidos y hacer pacas, que serían trasladadas a la planta de Ciudad Cruz Azul en el estado de Hidalgo, en donde las quemarían en los hornos que son parte fundamental de la producción del cemento.
La empresa Tecno Azul alquiló un predio que es parte de la planta tratadora de aguas residuales de Civac (ECCASIV), en donde sólo se compactaban las pacas, pero no había separación de los desechos. Pacas y pacas se fueron acumulando en el lugar, así que hubo necesidad de que la empresa Tecno Azul alquilara un predio que se ubica en la zona de reserva protegida de la Sierra Montenegro. Para más señas, el predio se ubica del lado izquierdo a la entrada de la reserva natural protegida en el camino que va al tiradero a cielo abierto del municipio de Emiliano Zapata, el cual se encuentra dentro de la reserva misma (esta es otra irregularidad).
Miles de toneladas de pacas de desechos sólidos representan un foco de contaminación permanente de la zona de reserva natural protegida de la Sierra Montenegro. A la fecha, pese a que existe una denuncia presentada hace más de un año ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y que tiene conocimiento la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, las autoridades no han hecho nada al respecto.
El vacío de poder es evidente en lo relacionado al cuidado del medio ambiente.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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